Desde la redaccion
En medio de una coyuntura compleja en materia de seguridad en el Caribe mexicano, la figura del fiscal general de Quintana Roo, Raciel López , ha comenzado a destacar no solo en el ámbito judicial, sino también en el diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad. Su influencia ha quedado evidenciada con los recientes relevos en las secretarías de seguridad en municipios clave como Tulum y Cancún, dos puntos neurálgicos tanto por su relevancia turística como por los retos delictivos que enfrentan.
Aunque estos movimientos se han presentado como parte de una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno, no ha pasado desapercibido que los perfiles elegidos tienen cercanía con la Fiscalía, lo que ha despertado análisis —y también suspicacias— dentro de ciertos círculos políticos.
Una visión de control operativo
La lógica detrás de estas designaciones puede entenderse desde la necesidad de articular mejor los esfuerzos de inteligencia e investigación con la operación policial. En un estado donde el crimen organizado ha mutado y se ha diversificado, la coordinación efectiva entre instancias se vuelve indispensable.
Desde esa perspectiva, tener mandos alineados con la Fiscalía podría facilitar la integración de carpetas de investigación, la ejecución de órdenes de aprehensión y la consolidación de una política de seguridad más profesionalizada.
Sin embargo, también es válido preguntarse hasta qué punto esta alineación institucional puede derivar en una concentración excesiva de poder operativo o en un desbalance respecto a las competencias municipales.
El caso Yucatán: otra ruta hacia la seguridad
Al comparar esta dinámica con lo que ocurre en Yucatán, donde el secretario Felipe Saidén Ojeda ha sido un pilar durante años, se aprecia un enfoque distinto. Saidén ha encabezado una política de seguridad de largo plazo, sustentada en datos, prevención y profesionalización de los cuerpos policiales, con resultados que colocan a ese estado entre los más seguros del país.
Su continuidad, bajo diferentes gobiernos, ha sido interpretada como un gesto de madurez institucional, donde la seguridad se entiende como una política de Estado y no como un espacio de disputa política.
En cambio, en Quintana Roo, la frecuente rotación de titulares en las áreas de seguridad y la creciente presencia de la Fiscalía en decisiones estratégicas plantean un modelo en construcción, todavía sujeto a ajustes, legitimación social y evaluación de resultados.
Reflexión final: entre pragmatismo y límites institucionales
El rol que Raciel López ha asumido podría verse como una apuesta pragmática frente a un entorno desafiante, donde se necesita actuar con rapidez, reducir la fragmentación de mandos y construir redes operativas más eficaces.
No obstante, también es importante mantener el equilibrio institucional. Las fiscalías tienen una función vital, pero no deben sustituir ni condicionar la autonomía de los municipios en el manejo de sus corporaciones policiales.
Quintana Roo atraviesa un momento clave para consolidar una política de seguridad duradera. El reto será hacerlo sin caer en la tentación del control absoluto, manteniendo el diálogo entre niveles de gobierno y respetando la arquitectura democrática que da sustento a nuestra vida pública.
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