Nacional Financiera (Nafin), transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos que había en los fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El órgano del Poder Judicial de la Federación asegura que fue sin su consentimiento y que ha emprendido medidas de conciliación y una estrategia legal al respecto.
El CJF dio conocer que Nafin le informó de la transferencia de los 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, que el consejo “había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito”. Señaló que esta entrega de recursos se hizo sin que se le consultara en su calidad de fideicomitente. “Sin que de manera previa fuera consultado al respecto, y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del Contrato”.
Añadió que conforme a lo establecido en los transitorios Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política mexicana, en materia de Reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados”.
Por separado, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, envió una carta al Pleno del CJF donde manifestó que las personas juzgadores que se retiraron por jubilación o de manera voluntaria resultado de la inconvencional reforma, no han recibido la indemnización correspondiente que debió haberse cubierto a las personas juzgadoras que ya se separaron del ejercicio de la función, a más tardar en el mes de diciembre del año 2024.
“En una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares.
“Estimamos que el oficio SEPLE./27/GEN./003/1333/2025, no sólo debe ordenar la formación de bases de datos, sino determinar dar cabal cumplimiento al pago extraordinario, para aquellas personas juzgadoras que ya se encuentren en el supuesto, esto es, la declinación a participar en cualquier proceso electoral, que ya se hubieran separado del cargo por ese motivo o que lo hagan a partir de agosto de 2025 o 2027, lo que debe acontecer, de manera inmediata para quienes ya han dejado el cargo y a más tardar el último día de funciones para quienes serán sustituidos por la elección judicial”.
Lo anterior, dijo la directora de la Jufed, sin hacer depender dicha acción de la disponibilidad de recursos, dado que se trata de una obligación constitucional que debió contemplarse como parte de la implementación de la reforma, por lo que la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento.
“Las Directivas Nacional y Regionales de Jufed solicitan a este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que de manera inmediata se realice el pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Constitucional al Poder Judicial a quienes ya se encuentren en los supuestos legales de procedencia y, en caso de que exista algún impedimento para ello, se de la razón que funde y motive dicha imposibilidad para realizar el pago correspondiente, a efecto de que esta Asociación pueda determinar lo procedente para la defensa de los derechos de las personas juzgadoras asociadas”.
