Por Alfredo Morales/primera parte
Quintana Roo mantiene, por quinto año consecutivo, el primer lugar nacional en incidencia del delito de trata de personas, una problemática que el gobierno estatal ha reconocido como prioridad absoluta. La gobernadora Mara Lezama ha instruido una política frontal para desmontar las estructuras criminales que operan principalmente detrás de bares, table dance y giros negros que funcionan como centros de explotación sexual.
En ese esfuerzo, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Raciel López Salazar, ha ejecutado múltiples cateos, aseguramientos, investigaciones de oficio y carpetas integradas con perspectiva de trata, logrando rescates de víctimas y desarticulación de células operativas. Sin embargo, el poder corruptor de estas redes ha demostrado tener tentáculos profundos, capaces de infiltrarse en áreas administrativas clave.
Investigación que sacude a la administración estatal
Una investigación interinstitucional entre fiscalías, áreas anticorrupción y dependencias de verificación sacó a la luz un eslabón que, hasta hace poco, operaba en silencio: un exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación identificado como Vicente Franco, presuntamente vinculado a una red que otorgaba permisos provisionales ilegales a bares y restaurantes asociados a trata de personas.
De acuerdo con la indagatoria, Franco cobraba 50 mil pesos por emitir permisos exprés que permitían a estos establecimientos reinstalarse de inmediato tras ser cateados o asegurados por la Fiscalía. Funcionaban de manera itinerante, moviéndose de un local a otro sin detener operaciones y amparándose en estos permisos para presentar juicios de amparo contra las órdenes de aseguramiento.
Los permisos, un mecanismo supuestamente excepcional y regulado, eran utilizados como blindaje jurídico para obstruir las acciones de la autoridad investigadora, echando por la borda operativos completos y permitiendo la reactivación de giros vinculados a explotación sexual apenas horas después de ser clausurados.
Una fortuna inexplicable y una red que involucra a otros nombres
La investigación sostiene que Vicente Franco habría acumulado más de 40 propiedades puestas a nombre de familiares y de un presunto testaferro identificado como Polet. La hipótesis principal señala que estos bienes derivan de recursos generados por la trata de personas y del cobro sistemático por estos permisos provisionales.
No operaba solo. La indagatoria lo ubica como parte de una estructura encabezada junto con una mujer llamada Leticia, identificada como operadora directa de los establecimientos que reabrían de manera casi inmediata tras cada aseguramiento.
El mecanismo de autorización: Sefiplan en la mira
Los permisos provisionales gestionados por Franco debían contar, según el procedimiento interno, con la autorización del titular de Sefiplan, y derivar de una solicitud de licencia de alcoholes.
Hasta ahora, los contribuyentes que han comparecido ante la autoridad han contradicho totalmente la versión del exfuncionario, desmintiendo su denuncia por uso de documentos falsos y confirmando pagos realizados de manera extraoficial, cuya ruta financiera ya está trazada por los investigadores.
Además, mensajes y conversaciones obtenidas de dispositivos móviles refuerzan la hipótesis de una red estructurada que utilizaba a Sefiplan como vía para neutralizar los operativos de la Fiscalía.
Fiscalía no cede: la lucha continúa
A pesar de los obstáculos, la Fiscalía de Quintana Roo mantiene firme su estrategia. Raciel López Salazar ha reiterado que ningún acto de corrupción permitirá la operación de giros vinculados a trata y que los servidores públicos involucrados en encubrimiento, tráfico de influencias o expedición irregular de permisos enfrentarán las consecuencias legales.
La gobernadora Mara Lezama ha respaldado completamente estas acciones y ha advertido que su administración no tolerará redes de protección institucional que permitan que la trata siga operando bajo amparos o permisos otorgados al margen de la ley.
Un golpe a la red, pero no el final
La revelación del caso Vicente Franco confirma que la lucha contra la trata de personas no solo se libra en los operativos o dentro de los bares clandestinos: también se libra dentro de las oficinas públicas donde la corrupción puede convertirse en la llave que mantiene viva una industria criminal multimillonaria.
Cabe mencionar que en los últimos meses las autoridades de los tres niveles de gobierno han desmantelado una decena de grupos delictivos dedicados a la trata, con la recuperación de al menos 100 víctimas. Aunque falta mucho por hacer, la exigencia de la sociedad es clara: que este tipo de funcionarios que abusan de sus cargos no quede impune.
