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¿Qué implica la nueva ley de FGR y por qué las víctimas están en contra?

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El Senado aprobó la reforma a la Ley de Fiscalía General de la República y desde diversos colectivos de defensa de Derechos Humanos han criticado los cambios. La salida de la institución del Sistema Nacional de Búsqueda es uno de los puntos que preocupan a activistas y víctimas de la violencia.

A nivel general, el principal motivo de queja es que consideran que la FGR se blinda a posibles cuestionamientos y cierra las puertas a espacios que anteriormente compartía con la sociedad civil. A nivel de cada caso, el modelo de fiscalía “retrocede a un sistema del pasado en el que las víctimas no tienen tanta importancia”, según considera Volga del Pino, asesora del Movimiento Nacional por nuestros Desaparecidos.

“Los cambios nos llevan a la indefensión y al borde de la ilegalidad. La FGR ya no tendrá la obligación de apoyar en búsquedas”, argumenta Mina Ruiz Compean, quien busca a su hijo Roberto Córdoba Ruiz desde hace diez años y es parte del colectivo Mariposas destellando buscando corazones y justicia, que tiene implementación en la Ciudad de México, Edomex, Guanajuato y Nayarit.

Esta iniciativa no solo ha generado el rechazo de los colectivos y organizaciones de Derechos Humanos, sino también de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya titular Karla Quintana fue muy crítica con el proyecto.

¿Qué es la reforma de la Ley de Fiscalía General de la República?

Se trata de un cambio profundo en la FGR que viene a sustituir la ley aprobada en diciembre de 2018 con el argumento de dar mayor autonomía a la institución. Apenas dos años después de que la antigua Procuraduría se convirtiese en Fiscalía y sin haber dado tiempo a desarrollar la institución se modifica nuevamente su estructura. La norma que ahora se quiere sustituir pudo ser aprobada con el aporte de la sociedad civil a través de iniciativas como #UnaFiscalíaQueSirva. Sin embargo, antes de que aquellas reformas pudiesen ser aplicadas se vuelve a cambiar el marco sin que en estos dos años hayan mejorado los altísimos índices de impunidad.

“En buena medida, esta intencionalidad está guiada tanto por una visión nostálgica del pasado autoritario del ministerio público y no de futuro, como por un entendimiento errado de la autonomía de los fiscales, que en vez de usarla para apuntalar la independencia en las investigaciones, la invoca para no coordinarse con otras áreas de la administración pública federal”, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una organización crítica con estas modificaciones.

¿Qué cambios preocupan a las víctimas?

Una de las grandes preocupaciones es la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda. Este es un mecanismo que permite la coordinación entre diversas instituciones y en el que participan, además de la FGR y las fiscalías estatales, la secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional de Búsqueda y Consejo Ciudadano, en el que están representados los colectivos de víctimas. “Ahí es donde se pedía la rendición de cuentas y ahora no tendremos un espacio donde hacerlo”, explica Del Pino.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, este cambio implicaría también desconocer el Protocolo Homologado de Búsqueda, una herramienta desarrollada conjuntamente por instituciones y colectivos de afectados.

¿Qué significa salir del Sistema Nacional de Búsqueda? 

La FGR a partir de ahora no participará en la coordinación con las otras instituciones. Es cierto que muchas de las búsquedas suelen ser responsabilidad de las fiscalías estatales. Pero la fiscalía es responsable en casos de gran trascendencia, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o investigaciones en las que los perpetradores fueron militares o marinos. Además, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero es la que está encargada de bases de datos como el Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas no Identificadas o bases de datos forenses. Los colectivos temen perder el poco acceso que hasta el momento han tenido a la fiscalía y un espacio en el que poder hacer reclamos directos. “Quieren suprimir o debilitar la participación de los ciudadanos”, dice Mina Ruiz Compean.

¿Cómo afecta esto a los casos individuales?

Por un lado, en los casos que lleve la FGR, dificulta la comunicación con las víctimas. Si actualmente ya existen muchas trabas para que los afectados puedan tener acceso a la carpeta de investigación o sean tomados en cuenta por la fiscalía, este riesgo se multiplica ya que, según Volga del Pino, “no habrá la obligación de mantener informado” a la víctima. “Es un modelo viejito en el que las víctimas están pero no son parte del proceso”, dice la asesora del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

Con la nueva normativa se eliminan los derechos a la coordinación con el Ministerio Público, al acceso a la carpeta de investigación, a la solicitud de peritos independientes o a la comisión de expertos. Además, también dificulta la atracción de casos cuando los afectados consideran que existe inacción por parte de fiscalías estatales.

¿Este cambio impacta solo a la búsqueda de desaparecidos?

No. La falta de rendición de cuentas es más amplia. La propuesta que aprobó el Senado prevé que la FGR abandone el Sistema Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas y el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros sistemas de coordinación.

Para Volga del Pino este es un proyecto que da pasos atrás en la rendición de cuentas y la transparencia de la fiscalía.

¿Cuándo se aprueba el cambio en la FGR?

La aprobación en comisión da paso a que el pleno de el visto bueno. Tras el debate, que podría ser esta misma semana, la ley pasará al Congreso de la República. Si, como ha ocurrido hasta ahora, el proyecto siguiese adelante sin modificaciones (y la mayoría oficialista que respalda al presidente, Andrés Manuel López Obrador, puede hacerlo) solo quedaría el trámite de la aprobación en el Diario Oficial de la Federación.

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