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Presunto prestanombres de Roberto Borge mantiene su libertad gracias a suspensión provisional

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Un tribunal federal otorgó una suspensión provisional a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, presunto prestanombres de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, medida cautelar que le permite permanecer en dicha entidad y presentarse a firmar periódicamente en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cancún.

Celso González enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El supuesto prestanombres promovió un amparo porque el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, modificó la medida cautelar que le fue otorgada y ordenó que se presentará a dicho centro judicial.

Sin embargo, el Octavo Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Nezahualcóyotl, determinó otorgar una suspensión provisional para que Celso González pueda acudir a firmar cada 15 días al Centro de Justicia en Cancún.

“Se concede la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es, se permita al antes citado continúe cumpliendo con la medida cautelar, consistente en la presentación periódica (cada quince días) en el Centro Federal de Justicia Penal, en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, como de forma habitual lo venía realizando, hasta en tanto se resuelva la suspensión en definitiva”, menciona el acuerdo de la magistrada Olga María Josefina Ojeda Arellano.

La magistrada indicó en su acuerdo que por cuanto hace a la libertad del quejoso, ésta quedará a disposición del Tribunal Unitario y a disposición del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, por lo que hace a la continuación del procedimiento, en el entendido de que su comparecencia a las diligencias en las que sea necesaria la presencia física del quejoso deberá hacerse por videoconferencia.

Y en caso de que el juez de primera instancia decrete el cierre de la etapa de investigación, éste tendrá que suspender el procedimiento penal, antes de dictar el auto de apertura a juicio, es decir, sin concluir la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo interpuesto.

La entonces Procuraduría General de la República acusó al quejoso de comprar terrenos en una reserva ecológica que después fueron vendidos a un precio inferior a familiares del ex gobernador.

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