AGENCIA SIM
Cancún.-Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en la XV Legislatura, explicó que fueron tres causas las que llevaron a determinar la presunta culpabilidad del administrador en uso indebido de recursos públicos.
Lo primero fue que los aviones de la empresa paraestatal Vip-Saesa eran utilizados por personas ajenas a las labores del Estado, como familiares de funcionarios y dirigentes de partidos políticos.
Lo segundo es que había un avión que nunca apareció, si bien es que hay una empresa que defrauda al estado, hay un error de omisión de los encargados de la compra; y tercero que se gastan en el sexenio 40 millones de dólares y 300 millones de pesos para subcontratar a 22 empresas, siendo la beneficiada Villarrica, que de los 40 millones facturó 35, que jamás Carlos Acosta no dijo quiénes viajaron en esos aviones y la utilizada pública de esos viajes.
Agregó que se entregaron siete cajas con documentación a Gestión Pública pudiera iniciar la denuncia penal, ahora se espera que las diligencias lleven a los directos responsables de estos hechos que a decir del diputado son, Juan Pablo Guillermo Molina y Roberto Borge Angulo, uno como presidente del consejo de administración y el otro el tesorero.
“No sabemos si solo metieron las facturas, no sabemos para que utilizaban los aviones, no sabemos quiénes viajaban, eso era una irregularidad y por eso Carlos Acosta está detenido… no se mandaba solo”.
Aun no se sabe si el imputado quiera cargar con toda la presunta culpa o que diga quiénes son los responsables, como por ejemplo estos dos funcionarios.
Reveló que Juan pablo Guillermo está citado para el lunes a las 09:00 de la mañana en la Auditoría Superior del estado, a las 11:00 está citada Fabiola Cortés de la asociación “Somos Tus Ojos”, y a la una de la tarde está citado Juan Pablo Guillermo que puede comparecer en persona o por escrito, se cumple con darle su derecho de audiencia.
“el juicio político es con relación al tema del impuesto al hospedaje, él como señalado por la promovente tiene que agotar su derecho de audiencia para que pueda exponer a lo que en su defensa corresponde”, concluyó.
