Pese a que el cobro de derecho de piso entre los trabajadores de las obras negras de Cancún es una realidad que afecta a este sector de la población -ya de por sí golpeado por las precarias condiciones laborales-, las constructoras de la entidad se resisten a modificar sus métodos de pago y contratación como un filtro extra de seguridad.
De acuerdo con Diego Cortes Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo, solo 72 constructoras de las 182 que integran este organismo empresarial han realizado esta modificación; es decir, apenas un 40%.
Se trata de cambios en los pagos en efectivo a tarjeta de nómina, así como más filtros al momento de contratar al personal de las obras, los que las constructoras se han resistido a realizar, aún cuando las autoridades han alertado de que pagar a los trabajadores con efectivo y no cuestionar a quienes trabajan en las edificaciones las vuelve más vulnerables.
Además, según dijo Cortés Arzola, hasta el momento ninguna de las constructoras adheridas a la CMIC ha levantado la voz para denunciar este delito, aunque el líder constructor asevera que esto se debe a que la gran mayoría de las empresas que llegan a ser invadidas por el crimen organizado son, principalmente, las que realizan grandes desarrollos hoteleros y no están adheridas.
No obstante, reconoció que es un problema que afecta a la industria y por ello han insistido entre sus agremiados para terminen de realizar estas modificaciones, así como denunciar las invasiones de grupos delincuenciales a las obras.
Es importante recordar que desde hace un par de meses, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo, han tenido a bien implementar el operativo “obra segura”, que ha dejado varias construcciones canceladas, la más reciente, la de un hotel en la zona hotelera de Cancún en diciembre pasado.
