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Persisten afectaciones a derechos humanos en penales en México

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En México subsiste un problema de sobrepoblación penitenciaria. La infraestructura y los recursos son insuficientes y el personal no está profesionalizado ni sensibilizado en garantías individuales, advierte el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018.
De acuerdo con el proyecto gubernamental -que busca generar las políticas públicas en materia de garantías individuales-, existen señalamientos reiterados sobre la necesidad de llevar a cabo una profunda renovación del sistema penitenciario en el país.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) planteó en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que para poder cumplir la meta de un “México en paz”, es necesario construir un “sistema efectivo” de reinserción social, promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
“Los internos sufren represalias si presentan quejas ante la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)”, se advierte además en el PNDH, presentado por el gobierno en la víspera, y construido con aportaciones de especialistas y organismos no gubernamentales.
En el PNDH también se expone que la Coalición por los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en el Sistema Penitenciario Mexicano recomendó que se aprobara la Ley General para la Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales, y que se revisaran los sistemas de clasificación de los internos.
Esta organización, además, se pronunció por que se evitaran traslados forzados de internos, que se promoviera la comunicación y visita de familiares, y que se intensificara la capacitación en garantías individuales y género del personal de custodia.
Así, entre las metas que se ha fijado la administración de Peña Nieto como parte de este proyecto se encuentra transformar la política y el sistema penitenciario para garantizar el enfoque de los derechos humanos.
También se plantea que a través del trabajo elaborado para el PNDH, se obtenga la información sobre quejas o denuncias por actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encarcelamiento por razones políticas, a efecto de lograr su mayor protección y evitar que suceda con otras personas.
Otro objetivo del gobierno federal es tomar como medición de avances el Índice de Integridad Física que publica el CIRI Human Rights Data Project, y que provee de información sobre el respeto que tiene el Estado sobre una lista de derechos humanos.
El proyecto de CIRI Human Rights Data Project cubre un periodo de 32 años, incluye 15 prácticas de derechos humanos, abarca 195 naciones y publica dos índices de derechos humanos periódicamente. La meta del gobierno mexicano es alcanzar en el 2018 el valor máximo de este indicador, que es de tres puntos. En el 2011 nuestro país se ubicó en el nivel dos, referente a que el gobierno “sí respeta el derecho”.

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