Ciudad de México — En un giro de alta tensión política, el PAN presentó una ampliación de denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que involucra a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en una presunta red de huachicol y contrabando de hidrocarburos bautizada por ellos como el “Cártel de Palenque”. Entre los señalados figura Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor de Beatriz Gutiérrez Müller, así como José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán.
El diputado panista Marcelo Torres Cofiño dio a conocer el movimiento durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Expuso que la denuncia original, promovida por Federico Döring contra Andy López Beltrán, fue ampliada para incorporar a más familiares, con base en la causa penal 325/2025. Según él, ahí se identifican los nombres de los hijos del expresidente como partícipes en la operación de contrabando.
“El huachicol se convirtió en la mayor red de corrupción del sexenio de López Obrador”, declaró Torres Cofiño, exigiendo que los hechos sean investigados a fondo y sin componendas políticas.
Lo que está en juego
Este señalamiento pone al frente no solo una acusación de corrupción, sino de crimen económico, con implicaciones de alto riesgo político para Morena y el propio López Obrador. En términos prácticos, obliga a la FGR a pronunciarse sobre la procedencia de la denuncia y si abrirá una carpeta de investigación formal contra los involucrados.
Dudas y escenario político
No está claro qué evidencia concreta sustenta la ampliación: correos, documentación de exportación e importación, rastros fiscales o peritajes técnicos.
La estrategia política es evidente: desgastar al adversario personalizando la campaña contra la familia del exmandatario.
Morena y seguidores del expresidente ya califican el movimiento como “medida desesperada política”, anticipando que responderán con evidencias contrarias o denuncias cruzadas.
Este episodio representa una escalada: ya no solo se confrontan partidos en discursos o elecciones, sino que se judicializa a los hijos de un expresidente con acusaciones de delitos graves. La pelota está ahora en la cancha de la FGR: aceptar la denuncia implica asumir el costo político y procesal que ello representa.
