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ONG´s acusan nulo rigor técnico, científico y jurídico en plan para Dos Bocas

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Para organizaciones del medio ambiente como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA y Greenpeace, la refinería de Dos Bocas no debería construirse donde se tiene proyectado hacerlo, ya que ahí se encuentra un ecosistema prioritario para la conservación de flora y fauna, y el documento no contiene información suficiente sobre cómo aminorar el impacto de la obra.

Así lo exponen en los análisis que cada uno hizo por separado de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por Pemex Transformación Industrial a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) para su revisión del proyecto.

“Las organizaciones consideran que la Asea debe de expedir al promovente (Pemex) un resolutivo negativo en materia de impacto ambiental, pues la información que contiene es parcial e incompleta y ello no le permite a dicha autoridad pronunciarse de una manera diferente”, emitieron en un comunicado las organizaciones.

Entre los argumentos que dan para no aprobar la MIA, es que no establece un programa de reubicación y rescate de la fauna. Tampoco detalla la forma como el proyecto afectará el flujo hidrológico, además que no existe claridad de si se cumplió con la presentación, en tiempo y forma de la Manifestación de Impacto Social, de acuerdo con lo que señala la Ley de Hidrocarburos.

De hecho, el sitio donde se propone esté la refinería, el municipio de Paraíso, en Tabasco, estado de donde es el presidente López Obrador, no es el idóneo para el proyecto, ya que pondría en riesgo a especies como el mono aullador, propio de los manglares, que son reservas de agua.

“Esto ya había sido señalado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el cual en 2008 señaló que, entre los elementos que hacen inconveniente dicha ubicación se encuentran los siguientes: Una amplia gama de especies protegidas o con estatus de peligro, principalmente relacionadas con pantanos, esteros o mangles como el mono aullador y el hormiguero norteño, ambos catalogados como en peligro de extinción, además del cocodrilo de pantano, sujeto a protección especial”.

Pero además las organizaciones coincidieron en señalar que faltó transparencia en la difusión de la MIA.

“El proyecto propuesto incurre también en violaciones al derecho a la información y participación ciudadana, toda vez que la MIA fue bajada del sitio oficial al menos en dos ocasiones; el documento que está disponible actualmente es distinto del originalmente puesto a disposición de la ciudadanía”.

“Además, ya no es posible acceder a cierta información, como es el caso del Estudio de Riesgo Ambiental”, expusieron de manera conjunta.

SIN RIGOR TÉCNICO, CIENTIFICO Y JURÍDICO

El 18 de julio concluyó la consulta pública convocada por la para analizar la Manifestación de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Dos Bocas. La MIA fue elaborada por Pemex Transformación Industrial, para uno de los proyectos de mayor importancia para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CEMDA y Greenpeace participaron en la consulta sobre la manifestación, y expresaron algunas observaciones en contra del proyecto, entre los cuales están que el documento carece de información técnica fundamental y suficiente para poder ser evaluada de forma integral y objetiva.

El director de CEMDA, Gustavo Alanís, explicó a La Silla Rota que la información presentada por Pemex con la colaboración del IMP no tiene rigor técnico, científico y jurídico ni estudios suficientes necesarios para evaluar el proyecto en su integralidad, que carece de la información que se requiere en materia forestal, de flora y fauna, agua y aire.

“Como autoridad la Asea no se podría pronunciar sobre el proyecto porque no tiene información para pronunciarse”, consideró.

Explicó que lo que procede es que la Asea le pida a Pemex la información que hace falta y en consecuencia se pueda pronunciar sobre un resolutivo favorable condicionado o negativo porque ambientalmente no es posible.

Recordó que la MIA se pueden presentar las veces que sea, pero si no tiene el sustento o fortaleza técnica, científica y jurídica, siempre será rechazada.

“Ahora hablamos de una situación distinta porque es un proyecto personal del presidente y hay presión de Pemex y la Secretaría de Energía, porque se debe aprobar y por eso apelamos a la objetividad e imparcialidad de la Asea para que emita un resolutivo conforme a la ley. No pedimos otra cosa y es importante que lo hagan, porque si no va a derivar en una serie de amparos y que el proyecto se vaya para abajo porque el Poder Judicial puede fallar en contra porque no cumplieron con la ley”, explicó Alanís.

Previó que terminada la consulta la próxima semana haya información sobre la MIA, y lo más cauto es que se le pida información adicional a Pemex  y entonces habría un plazo de otros 60 días más.

LO QUE FALTA

De acuerdo con lo analizado por las dos organizaciones, la MIA no provee información completa, exhaustiva y adecuada que tome en cuenta los principios de prevención y precaución, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

El análisis señala que la zona se encuentra en una serie de lagunas y pantanos, con suelos arcillosos, que obligarían a realizar importantes obras para el acondicionamiento del terreno; además de que existe el riesgo de un potencial incremento del nivel del mar, ocasionado por la vulnerabilidad al cambio climático.

Otro problema detectado por las organizaciones es que el proyecto pretende evaluarse de forma fragmentada, lo cual impide a las autoridades ambientales contar con información completa sobre el proyecto y, en consecuencia, poder conocer los impactos acumulativos y sinérgicos.

“Lo anterior quiere decir que Pemex no está dando a conocer cuáles son las obras asociadas al proyecto principal, mismas que podrían ocasionar impactos ambientales como la fragmentación de los hábitats, modificación de los escurrimientos naturales, compactación de suelo, pérdida de filtración, así como afectación al humedal y la vegetación de manglar presente en el área, entre otros”.

Las organizaciones citaron que la MIA incluye el Estudio Técnico Justificativo (ETJ), documento que  refiere la remoción de 71.99 hectáreas de vegetación forestal, pero recordaron que Pemex Transformación Industrial “omitió manifestar la superficie total de vegetación forestal que ya ha sido removida -la cual rebasa las 212 hectáreas. Esta omisión es medular, ya que la remoción de la cobertura forestal, además de haber sido objeto de diversas denuncias y procedimientos administrativos, fue llevada a cabo en terrenos propiedad de Pemex, situación que pone a la empresa productiva del Estado como responsable solidaria en tal acto ilegal”.

La Manifestación de Impacto Ambiental también omitió describir todos los proyectos accesorios, asociados y complementarios que formarán parte del mismo. Para la etapa de preparación del sitio y construcción se omitió la descripción de las obras para las vialidades, vías férreas, sistemas enterrados y drenajes.

Por otro lado, la construcción de la refinería contradice los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.

Tampoco se presenta un programa de reforestación completo, descriptivo, detallado, con ubicación puntual y específica.

La MIA tampoco indica la manera en que se garantizará la continuidad de los servicios ambientales de los que se benefician las personas que habitan en Paraíso, en específico, y Tabasco, en general. Además que hay un alto potencial de esta localidad para desarrollar tanto el ecoturismo como  una zona arqueológica.

CUESTIONAMIENTOS

Pese a tratarse de uno de los proyectos más importantes del gobierno federal, junto con el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, el anuncio de la construcción de la refinería de Dos Bocas ha estado acompañado de la polémica y las críticas.

Una fue que las empresas que concursaron en la licitación de contratos, se retiraron al considerar que no se podía hacer por los 8 mil millones de dólares que el gobierno federal ya fijó para hacerla. Ante ello, el presidente anunció que el gobierno federal se encargaría de su construcción, lo que de acuerdo con el consultor en energía, Gonzalo Monroy, es una mala idea.

“Perdón pero no tenemos ni garantías y hay que tomarlo a su palabra [del presidente] de que tiene la capacidad, que no la tiene. Si ves los currículos de la Secretaría de Energía, los jefes de Departamento ninguno tiene experiencia en obra, ninguno y el único que la tiene es el ingeniero Barrios pero de 1970. Esa parte es donde no da nada de confianza y esa parte administrativa suena a muy mala idea”, dijo en entrevista con La Silla Rota en mayo pasado.

El ex funcionario federal también recordó que Pemexlleva casi 40 años sin hacer una obra y una razón por las que ya no hacían era porque se disparaban los costos y una parte iban a dar a las cúpulas sindicales. La participación del Instituto Mexicano del Petróleo tampoco es garantía y atribuyó las catástrofes de proyectos de refinería al instituto.

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados ha criticado el proyecto en distintas ocasiones y la más reciente fue este 18 de julio, cuando en un comunicado consideró que el proyecto será poco rentable y señaló que faltan documentos públicos que muestren su viabilidad financiera, operativa y medioambiental, lo cual dificulta que se cumplan las metas en el tiempo y en el presupuesto que la Secretaría de Energía y Pemex han planteado.

En lugar de su construcción, la bancada priista propuso que lo que se va a invertir ahí, 8 mil millones de dólares, se usen para actividades que son mucho más rentables para Pemex y para el país, como son la exploración y extracción de petróleo y gas natural.

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