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Ocho por Radio Por Carlos Calzado C. |||| Existen elementos de fraude en Solidaridad

*Todo se lo debe a su regidor César Navarro quien ya no aguantó la presión

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(Escuche mientras lee: “Ratas”; magnífica pieza del arte rupestre mexicano del último cuarto del Siglo XX; de la inspiración del gran Maestro a quien la Ciudad de México, egoísta engulló el 19 de septiembre de 1985, Rodrigo González. “Veloces sombras se escurren silenciosas, al amparo de la oscuridad; veloces sobras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran Ciudad”).

Que la “consulta ciudadana” para concesionar y autorizar la instalación de parquímetros en todo el centro de Playa del Carmen no fue tal y que en todo caso, se trató cuando mucho de una encuesta –lo cual también es completamente falso-, eso ya lo sabíamos; pero el Cabildo de Solidaridad se aferró a sostener esa que resulta es una de cientos de mentiras que nos han inventado a los ciudadanos; pero la presión y la ignorancia de las diferencias semánticas de las palabras, la propia incapacidad de manejar de forma mediocremente adecuada el lenguaje, hicieron caer al regidor solidarense, César Navarro quien durante una entrevista terminó por confesar que nunca hubo una consulta ciudadana y repone… “por eso, ya se los dije, se hizo una encuesta ciudadana”. –¡Chaz!-.

Este asunto, el de los parquímetros, les representa a los regidores involucrados, a la presidenta municipal y al síndico Juan Carlos Beristain, ingresos extraordinarios de cuando menos siete dígitos; el rastro de la corrupción no se queda estancada en el municipio, se abre mucho más, de manera que los diputados reciben también sus “premios” por corruptos; es la instrucción de Lorenzo Martínez Arcila la que determina cumplirle las solicitudes a Cristina Torres Gómez; Arcila en su calidad de “mandamás” –si usted se cree el discurso de ‘desaparecer a la presidencia de la Gran Comisión’, usted peca de iluso, es demasiado poder como para que un aprendiz pretenda soltarlo-; el presidente de los diputados garantiza ‘legalizar’ la concesión; Cristina la negoció en primera instancia y el síndico firma a nombre de los solidarenses; César Navarro, es sólo un esbirrito encargado del manejo mediático en su calidad de “titular de la comisión”, y como suele ocurrir, la cuerda siempre revienta por el lado más débil o delgado, he aquí un buen ejemplo.

Pero sabemos que no es el único caso donde la corrupción es la característica más importante de los actos de la administración municipal, el tema del terreno de OHL; la inclusión de la empresa TUCSA a los actos de la Comisión de Transporte cuando esa es una que opera sin concesión, es decir de manera ilegal –dicho sea de paso, aún le deben a quien escribe una respuesta oficial y por escrito al documento ingresado en el mes de octubre de 2016, el cual, con base en las leyes en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, tenían 15 días para darle respuesta y no lo hicieron-; el tema de la renta de patrullas y camiones recolectores de basura, entre otros muchos temas son factibles de ser analizados.

Desde luego que existen elementos más que suficientes para iniciar una investigación para determinar los actos de delincuencia organizada encabezados por María Cristina, ‘legalizados’ por Lorenzo Martínez Arcila y operados por los muchos esbirritos que son parte de la administración municipal y de la XV Legislatura; pero la relación más importante de la conformación de este grupo delincuencial, es la protección de la Legislatura para no permitir un eventual juicio político, aun y cuando sea algún ciudadano quien lo solicite.

Si a propios y extraños sorprende que, en fechas recientes, el tema de hacer a Cristina Torres secretaria de Gobierno, la razón es más que evidente, la señor requiere un cargo en la administración pública que le garantice impunidad, por ello, el acceder a ese cargo, para Cristina es vital, pero “¡lástima Margarita!”.

Las anteriores son muy malas noticias, desde luego, pero hay otros elementos que los delincuentes organizados enquistados en el poder no han ponderado. Con esta flaqueza de quien ha sido tan insignificante para la propia Cristina, César Navarro, hay elementos suficientes para comenzar a fincar responsabilidad de abajo hacia arriba, es decir, habrá que comenzar por fincarle responsabilidades al propio César Navarro ante un Ministerio Público y exigirle que describa los actos de corrupción de la administración que está por concluir.

Si bien Lorenzo Martínez tiene la encomienda de proteger estos negocios, lo cierto es también que el estado de Quintana Roo está adherido a un Pacto Federal que considera la posibilidad de que aún los diputados locales puedan ser enjuiciados por el propio Congreso de la Unión.

Cristina Torres y Lorenzo Martínez son panistas, la fracción parlamentaria que en la Cámara de Diputados federal apenas representa 107 de 500, y 32 de 128 senadores, es decir, si aún ilusamente pretendieran que sus correligionarios en el Congreso de la Unión les defendieran, evidentemente que no tendrían ninguna garantía.

Y es que las evidencias están debidamente documentadas, es más, las hemos presentado aquí mismo y desde luego, habrá ciudadanos quienes haremos el trabajo que nos corresponde para armar las denuncias correspondientes.

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