CIUDAD DE MÉXICO.– Ana Gabriela Guevara se convirtió en la velocista más exitosa de México al romper récords mundiales hace casi 20 años, antes de que se retirara del atletismo y brincara a la arena política. Hoy, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirige la exmedallista olímpica intenta batir otras marcas: otorgar con suma rapidez contratos directos a empresas que tienen menos de dos meses de nacidas.
La excampeona no es la única funcionaria que está haciendo ese sprint: el fenómeno está extendido prácticamente por todo el nuevo gobierno lopezobradorista. Durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían y, creadas casi ‘al vapor’ a la par que arrancaba la Administración federal, fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.
Una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab encontró que una colmena de 171 compañías creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 recibió durante el primer año de gobierno transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos (mdp) por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.
Quinto Elemento Lab detectó la fecha de creación de estas compañías al examinar en Compranet las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, y desentrañó quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades al revisar más de un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá.
Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la Administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.
Antes de que llegara a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues tenía el objetivo de “combatir la corrupción”. El presidente acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras.
