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Mineras, comerciantes y la industria panificadora, contra la reforma fiscal

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Unos 70 mil comerciantes de mercados públicos y pequeños establecimientos de la ciudad de México que integran el régimen de pequeño contribuyente (Repeco) se han amparado contra la reforma hacendaria, y uno de sus principales argumentos es que han tenido que aumentar 40 por ciento los precios de productos y servicios para afrontar las nuevas medidas fiscales, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

De su lado, al menos tres de los conglomerados mineros del país, entre ellos Grupo México, han contratado los servicios de despachos legales para efectuar la defensa legal para evitar el cobro de 7.5 por ciento sobre su utilidad operativa, así como 0.5 por ciento sobre la enajenación de metales preciosos.

Al cierre del año pasado la Cámara Minera de México contaba en el registro con 439 empresas explorando mil 171 proyectos mineros en el país.

Otro sector inconforme contra la reforma fiscal que se ha sumado a las decenas de demandas de amparo presentadas en días recientes es el de los empresarios de la industria panificadora nacional, que impugnó el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 8.0 por ciento, que impactará al pan de dulce, donde prevén una reducción de hasta 10 por ciento en ventas, debido al nuevo gravamen.

También medio centenar de empresas de alimentos de alto contenido calórico excluidas de la lista de productos exentos del IEPS de 8 por ciento a partir de enero de 2014 se han amparado contra el gravamen, por considerar que faltan las reglas de operación para su cobro.

Abogados fiscalistas entrevistados por La Jornada informaron que el próximo viernes 14 de febrero vence el plazo para que los contribuyentes interpongan demandas de amparo contra las nuevas disposiciones que trajo la reforma fiscal.

Añadieron que quienes ahora no se amparen lo podrán hacer una vez que concluya el año fiscal en curso, es decir, cuando surja el primer acto de aplicación de las nuevas disposiciones fiscales.

José Martín Ocaña, litigante con más de dos décadas de experiencia en materia fiscal, indicó que de acuerdo con la nueva Ley de Amparo (que entró en vigor en abril pasado), el viernes próximo es el último día, y no ayer como han dicho varios abogados, para que las personas físicas y morales presenten demandas de garantías.

“Estamos frente a una reforma fiscal que parece más una miscelánea fiscal; es una reforma de carácter estrictamente recaudatorio y hay violaciones claras a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad en materia tributaria”, dijo el fiscalista.

Por ejemplo, añadió Ocaña, las nuevas disposiciones que eliminan el régimen intermedio y el de Repecos afectan a cerca de 4 millones de locatarios y pequeños comerciantes en todo el país.

“El impacto es pagar una tasa de impuesto sobre la renta (ISR) que podría llegar a 35 por ciento, según el nivel de ventas y un impuesto al valor agregado de 16 por ciento, lo cual es inviable para el margen de ganancias de este tipo de comerciantes”, refirió.

Con el régimen fiscal vigente, los Repecos pagaban una cuota mensual que oscilaba entre 100 y 200 pesos mensuales de acuerdo con su ingreso, pero a partir de 2014 se aplican tarifas bimestrales que van de 1.92 a 35 por ciento, según el monto de los ingresos cuando se cobren en efectivo y declaraciones bimestrales vía Internet.

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