Tijuana, Baja California, 29 de septiembre de 2026.— Las sanciones estadounidenses contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, colocaron al entorno político de Baja California bajo escrutinio. El Departamento del Tesoro lo señala por presuntamente favorecer, mediante influencia política, a la red de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
En este contexto como parte de una investigación de la DEA, trascienden pesquisas de agencias estadounidenses sobre dos fiscales mexicanos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades. Washington sostiene que Carlos Torres utilizó sus conexiones políticas para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de intervenciones gubernamentales y policiales en Baja California.
El señalamiento también alcanza a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, a quien el Tesoro atribuye presuntas operaciones de recepción y lavado de recursos mediante empresas y campañas políticas. La dependencia incluyó al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, por supuestos acuerdos con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
La dimensión política exige revisar posibles mecanismos de protección institucional: decisiones, omisiones y vínculos que, de acreditarse, habrían permitido operar a la organización.
Carlos Torres negó cualquier relación criminal y anunció gestiones para aclarar su situación. Afirmó que posee 30 por ciento de Vida Orgánica Tijuana y que no ha sido citado a comparecer, pese a denuncias anónimas presentadas ante la FGR en 2025.
Marina del Pilar enfatizó que está divorciada de Torres y que no aparece entre las personas sancionadas. Ordenó verificar contratos del gobierno estatal con las empresas señaladas y remitir los expedientes a las autoridades anticorrupción.
El deslinde matrimonial responde a una relación personal. La rendición de cuentas requiere esclarecer las relaciones institucionales y explicar qué revisión recibieron las denuncias.
Otro dato relevante que trascendio es la investigacion de la DEA de dos Fiscales Mexicanos involucrados con el cartel de Sinaloa acusados de permitir aterrizajes de avionetas cargadas con cocaina en zonas fronterizas.
Las sanciones financieras no equivalen a condenas penales. Sin embargo, demandan investigaciones documentadas y resultados verificables. La credibilidad del combate a la corrupción dependerá de que la cercanía con el poder no determine el alcance de la justicia.
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