Cancún, Quintana Roo.— Integrantes de un colectivo de madres buscadoras cerraron la circulación en el kilómetro cero del bulevar Kukulcán para exigir protección ante las amenazas que, aseguran, continúan en contra de quienes participan en las labores de búsqueda.
El bloqueo impide temporalmente el paso de automóviles y unidades del transporte público hacia la Zona Hotelera de Cancún. Se recomienda a conductores y pasajeros tomar precauciones, anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades viales.
Más allá de las afectaciones a la movilidad, la protesta coloca nuevamente frente a la sociedad una realidad dolorosa: las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos también enfrentan intimidaciones y riesgos por realizar una labor que corresponde acompañar y proteger al Estado.
En un pronunciamiento público, una representante del colectivo informó que las amenazas en su contra continúan. Explicó que su trabajo se ha concentrado en buscar a un familiar desaparecido y acompañar a otras personas que todavía esperan el regreso de sus seres queridos.
“Buscar a nuestros seres queridos desaparecidos no debería ponernos en peligro. No estamos haciendo nada malo. Somos familias que seguimos buscando a quienes amamos y exigimos poder realizar esta labor con seguridad y sin miedo”, señaló.
La activista decidió hacer pública la situación para dejar constancia de lo ocurrido y solicitar la intervención de las autoridades competentes. Exigió que los hechos sean investigados y que se adopten medidas eficaces para proteger su integridad y la de su familia.
También sostuvo que la intimidación no debe utilizarse para silenciar a quienes buscan a una persona desaparecida. Aunque reiteró que continuará con su lucha, afirmó que tomará las precauciones necesarias para resguardar su vida y la de sus seres queridos.
El cierre del acceso a la Zona Hotelera afecta una de las principales vialidades de Cancún, pero detrás de la protesta existe una exigencia que trasciende el tránsito: que ninguna persona tenga que elegir entre buscar a un familiar o proteger su propia vida.
Las autoridades tienen la responsabilidad de atender la manifestación, restablecer la movilidad mediante el diálogo y, principalmente, investigar las amenazas denunciadas. La protección no puede limitarse a una respuesta momentánea; debe traducirse en garantías reales para que las familias continúen sus labores sin exponerse a nuevas agresiones.
“Porque buscar no es un delito. Porque desaparecer no puede convertirse en silencio. Porque nuestros hijos e hijas tienen nombre, tienen historia y tienen una familia que los sigue esperando”, expresó el colectivo.
Por todas las personas desaparecidas, las familias mantienen una consigna que no admite indiferencia: hasta encontrarles.
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