La construcción del Tren Maya representó una oportunidad para que el grupo criminal conocido como “La Barredora”, liderado por Hernán Bermúdez Requena, infiltrara operaciones ilícitas en el sureste del país. Operativos de inteligencia detectaron que ofrecieron suministrar 180,000 litros semanales de diésel robado y negociaron la renta de terrenos en nueve hectáreas de Quintana Roo, con el objetivo de facilitar operaciones logísticas para el megaproyecto.
Los reportes indican que el combustible era extraído ilícitamente desde embarcaciones en Dos Bocas, para ser distribuido a lo largo de los tramos del Tren Maya que cruzan Campeche y Quintana Roo. A la par, operadores vinculados al grupo negociaban pagos millonarios mensuales por hectárea, en predios estratégicamente ubicados para campamentos de obra y centros de abastecimiento.
¿Quién es Raúl Bermúdez Arreola?
Raúl Bermúdez Arreola es sobrino de Hernán Bermúdez Requena y fue responsable de los tramos 4 y 5 del Tren Maya, ubicados en Quintana Roo. Su nombre ha estado rodeado de escándalos por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos.
Antes de su destitución, fungió como coordinador regional del proyecto y directivo en Fonatur, donde protagonizó diversas controversias. Una de las más graves fue su uso personal de una residencia oficial conocida como “Casa Presidencial” para fines privados, lo cual generó indignación por el abuso de poder. También fue señalado por conducta prepotente y por amenazar al personal de desarrollos residenciales.
Además de estos escándalos, informes de control interno señalaron irregularidades financieras y técnicas durante su gestión como supervisor de obras en el tramo Cancún–Playa del Carmen, incluyendo posibles sobreprecios y asignación de contratos inflados sin sustento técnico.
Red de intereses y responsabilidad institucional
La conexión entre Raúl Bermúdez Arreola y su tío, presunto líder de un grupo criminal, agrava el panorama de impunidad en uno de los proyectos insignia del sureste mexicano. La posibilidad de que su papel dentro del Tren Maya haya servido como una plataforma para beneficiar intereses delictivos obliga a abrir una investigación profunda desde el ámbito federal y estatal.
En Quintana Roo, las autoridades deben revisar con lupa:
- Los contratos relacionados con la renta de terrenos y el suministro de combustibles;
- Los procedimientos de adjudicación y supervisión durante la etapa de construcción;
- La eventual colusión entre funcionarios públicos y operadores del crimen organizado;
- Las omisiones institucionales que permitieron su permanencia en el cargo pese a los señalamientos.
La magnitud del Tren Maya, más allá de su potencial turístico y económico, no puede convertirse en el escudo de impunidad para redes político-criminales que socaven la credibilidad del Estado. La transparencia, el control público y la rendición de cuentas son hoy una exigencia insoslayable para garantizar que las grandes obras no terminen secuestradas por la corrupción.
