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Ley de Obras Públicas propicia escenarios de corrupción

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La elevada cantidad de excepciones previstas en la nueva propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas (LOPSRM) propicia la corrupción, la falta de transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de que la contratación se diluyan en, por lo menos, 300 unidades administrativas del gobierno federal, haciéndola más compleja de observar, coincidieron instituciones de la sociedad civil.

La opacidad en adjudicaciones directas y el discrecional uso del sistema CompraNet también ocupan a expertos de Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), entre otros, que buscan hacer los cambios requeridos.

Este lunes, representantes de 11 organizaciones civiles y sociales ofrecieron una conferencia para alertar que el actual documento de trabajo que se analiza en el Senado de la República, hecho público a finales del mes pasado, no abona a mejorar los procesos de licitación, algunos de ellos polémicos por presuntos favoritismos a empresas de la construcción con la aplicación de la normatividad vigente.

“Traten de seguir la historia de OHL en México a través de documentos públicos. No van a poder reconstruirla, porque están puestos a cuentagotas, a discreción y conveniencia. Es importante que exista apertura y esta ley necesita generar confianza”, comentó la directora de México Evalúa, Edna Jaime Treviño.

Mañana, el grupo presentará al Senado un documento con sus observaciones puntuales y, eventualmente, esperan que se pueda generar un nuevo foro de discusión con los legisladores para ahondar en sus peticiones.

El director del Imco, Juan Pardinas, refirió que el texto propuesto es una “especie de retroceso” que no genera certidumbre y que bien podría llamarse la ley del compadre, la ley OHL o Higa, por lo cual “el Senado tiene la responsabilidad de cambiarla y pensar en los ciudadanos y en la infraestructura que requiere el país”.

A pesar de que los representantes de la sociedad civil consideran que no hay urgencia para que la ley sea aprobada, es necesario que se abra al debate público, porque trasciende entre los grupos de interés en el sector que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tiene interés de empujar contundentemente dicha iniciativa. La propuesta original de modificación fue hecha por el presidente Enrique Peña Nieto el año pasado.

La propuesta del Senado

Una de las “grandes modificaciones” que se han hecho a la minuta entregada por la Cámara de Diputados al Senado el 10 de diciembre del 2014 está referida en la redacción del artículo 1 bis de la ley, que señala que quedan exceptuadas “las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los entes de carácter federal que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas…”.

Anteriormente decía “entidades” y al cambiar a “entes”, se abren las puertas a la discrecionalidad, se destacó en el encuentro.

A pesar de que la propuesta del artículo 41 detalla que la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades “deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso y cumplir con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulte procedente para obtener las mejores condiciones para el Estado”, se considera que no es suficiente para tener los mejores procedimientos.

“Otro gran problema es que no se plantea la pertinencia de tener una opinión externa sobre el la elección de los tipos de procedimiento a elegir. Sería deseable que la Comisión Federal de Competencia Económica pudiera participar para saber si se toma, o no, la mejor decisión. El diseño que se plantea se presta a que pueda ser manipulado para favorecer un resultado y beneficiar a ciertos contratistas”, aseguró Mariana Campos.

La coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa refirió que también deben ser motivo de reflexión los tiempos que se establecen para las licitaciones, porque se busca reducirlos para hacer más ágil el ejercicio de los recursos públicos, pero eso se puede convertir en una complicación, como ocurrió con el tren México-Querétaro, en donde los licitantes demandaron un plazo mayor para presentar ofertas viables y competitivas.

Abundan los peros a la ley

De acuerdo con 11 organizaciones civiles y sociales, la minuta que reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que está en antesala de aprobación en el Senado, promueve la corrupción por sus vicios de opacidad y discrecionalidad.

Éstas son sus críticas:

Régimen de excepciones a la ley. La minuta abre la puerta a que las entidades federales que realizan contrataciones —alrededor de 300— tengan su propio régimen, exceptuándolas de cumplir con la ley de obras.

Elusión de CompraNet. El proyecto legislativo permite que se exceptúe el uso de CompraNet, a criterio de la Secretaría de la Función Pública, sin establecer en qué tipo de casos eso podría ser pertinente.

Ausencia de mecanismos de cumplimiento. Establecer la obligación de publicar contrataciones en CompraNet no supone su cumplimiento. Un ejercicio estadístico reveló que 40% de los fallos licitatorios no se publica; la reforma no prevé mecanismos coercitivos.

Opacidad en adjudicaciones directas. Si se aprueba la reforma, las contrataciones directas —no sujetas a licitación— permanecerían en la oscuridad, pues ésta no plantea obligaciones de transparencia para ellas.

Acotamiento de obligaciones de transparencia. La reforma reduce el universo de procedimientos obligados a hacer transparente el diseño de la convocatoria y disminuir el lapso en que los proyectos de convocatoria son públicos.

Y sus recomendaciones:

En cuanto a excepcionalidades

Disminuir el régimen de excepciones a lo estrictamente necesario.

Establecer un conjunto de buenas prácticas que deberá seguir cualquier disposición normativa que regule contrataciones financiadas con recursos federales.

En competencia

Establecer mecanismos para evitar la manipulación de licitaciones con convocatorias mal diseñadas.

Promover que la Cofece intervenga en momentos clave de la contratación pública.

Establecer mecanismos para disuadir la simulación de licitaciones.

Para acotar discrecionalidad

Incorporar los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción para generar una política coherente.

Desarrollar un sistema de precalificación para valorar aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y técnicos básicos para justificar la selección de contratistas.

 

Para eliminar opacidad

Convertir a CompraNet en una verdadera herramienta transaccional y de rendición de cuentas que integre la información de las tres frases de las obras: precontratación, contratación y poscontratación.

Obligar a que también los documentos de la adjudicación directa se publiquen en CompraNet.

Establecer sanciones específicas para funcionarios que incumplan con transparencia.

Mandatar que se publiquen las investigaciones de mercado, catálogos de conceptos y de precios unitarios en el momento pertinente para no afectar las condiciones de competencia.

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