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La seguridad perdida

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El mayor crimen está ahora, no en los que matan,

                                                                                                                                               sino en los que no matan pero dejan matar
José Ortega y Gasset

La seguridad del país se ha convertido cada vez más en un anhelo, y mientras organizaciones civiles dan cuenta de los crímenes que siguen asolando a los ciudadanos, las autoridades mexicanas se esfuerzan cada vez más por convencer con cifras lo que no se logra en las calles, y con designios que ponen aun más en duda la intención real de combatir la criminalidad en la República.
A nivel nacional las cifras oficiales señalan que, durante la primera mitad de 2015 ocurrieron un promedio de 636 homicidios por mes, es decir unos 20 por día, y aunque los delitos del crimen organizado se concentran en el norte del país, la percepción de inseguridad es generalizada y se ha mantenido en un setenta por ciento, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y mientras todo ello ocurre, los cambios en la estructura gubernamental parecen no tender a profesionalizarse, tal es el caso de Arturo Escobar y Vega, designado como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. Más allá de si el funcionario cumplirá a cabalidad con la encomienda, lo cierto es que estar entre los artífices de las ilegalidades cometidas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en donde milita y por el cual acaba de concluir el encargo de diputado, son muestra del poco interés gubernamental por hacer una selección adecuada de su personal, para incidir positivamente en reducir la criminalidad.

En este contexto cabe señalar que Quintana Roo presenta también datos preocupantes, pues Solidaridad, el corazón de la Riviera Maya y gobernada por Mauricio Góngora Escalante, es el municipio con mayor índice de extorsiones en todo México, lo que no habla nada bien del alcalde que aspira a la candidatura por la gubernatura de la entidad.

A nivel estatal se han logrado algunos avances en el combate a los delitos de alto impacto y del crimen organizado, particularmente desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo hasta este viernes de Gaspar Armando García Torres, quien sin embargo presentó su renuncia al cargo por razones aun no explicadas.

Aun cuando García Torres realizó una positiva gestión, dado que también al interior de la PGJE se realizaron avances en su profesionalización, la seguridad pública de la entidad tiene notables pendientes con la ciudadanía, pues durante tres años estuvo al frente de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, ex militar que, por mucho, fue factor para que la criminalidad se incrementara, como si de eso se tratase la labor que debía desempeñar.

Antes de la renuncia de Gaspar Armando, en junio de 2014, fue designado Juan Pedro Mercader Rodríguez, en lugar de Villa Castillo, quien a pesar de los esfuerzos, poco ha logrado avanzar en los muchos pendientes de la corporación, tan es así, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que las cárceles quintanarroenses son las peores del país, junto con las Tabasco y Nayarit, pues no garantizan la integridad física y moral del recluso, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad y reinserción social, de acuerdo al estudio de 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país.

Pero si las cárceles son un enorme problema, las calles lo son aun más, pues los robos a casa habitación y negocios parecen no tener freno alguno, aunque las autoridades insistan en mostrarle a la ciudadanía despojada, cifras que en nada “consuelan” los despojos que sufren. Con todo lo anterior, mucho es aun lo que tiene que hacer Juan Pedro Mercader, y es una lástima sin duda la partida de Gaspar Armando García; ojalá que a nivel local la profesionalización se realice, aun a contracorriente de lo que ocurre a nivel nacional, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra, nos leemos en la próxima.

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