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La nueva ley de la Fiscalía enfrenta a Segob con la FGR

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La iniciativa de ley de la Fiscalía General de la República –que elimina “de un plumazo” derechos ganados por familiares de víctimas–, no sólo ha provocado el enojo de organizaciones civiles de derechos humanos que se dicen traicionadas por la 4T, sino la inconformidad de altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación. De hecho, esta iniciativa marca el más reciente de los desencuentros entre esta dependencia y la FGR, cuyas “diferencias institucionales” son relatadas a Proceso por Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Consultora técnica del Colectivo vs la Impunidemia, dedicada al estudio a fondo de la operación de las fiscalías en el mundo para diseñar un modelo en México, Susana Camacho García no duda en admitir que ella, al igual que otros expertos y organizaciones civiles, se sienten “muy traicionados” por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, cuya mayoría en el Senado pretende echar por la borda la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) para imponer una iniciativa presentada por Ricardo Monreal que “regresa a la Fiscalía a los años setenta, a la vieja Procuraduría General de la República”.

La inconformidad alcanza a la Secretaría de Gobernación, que también se opone a los cambios impulsados por la mayoría oficialista.

Camacho García recuerda que “algunas organizaciones ya veníamos trabajando el tema de la autonomía de la fiscalía, por lo menos desde hace tres legislaturas, tiempo en que se formó #FiscalíaQueSirva, y empezamos a trabajar en una reforma al Artículo 102 Constitucional y en una Ley Orgánica. Cuando ganó Morena (en 2018) hubo acercamientos con actores clave que nos dijeron: ‘vamos a sentarnos a ver cómo lo sacamos’… y les creímos”, confía Camacho García en entrevista.

La experta destaca que durante cinco meses las organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas trabajaron la LOFGR vigente, de la mano de personajes como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la exdiputada y actual secretaria de Economía, Tatiana ClouthierJulio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado; Rocío Barrera, ahora diputada federal, así como los entonces senadores Mario Delgado y Zoé Robledo, además de que se contó con la participación de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “para tener un producto muy bueno, con la promesa de que incluso después íbamos a poder a hacer la reforma constitucional, ¿y cuál? Ni reforma constitucional y la ley la están echando para atrás”.

Responsable del Balance Ciudadano del 2º año de gestión del fiscal General de la República. Deudas pendientes con la Justicia, auspiciado por el Colectivo vs la Impunidemia, Camacho García resalta que la Ley de la FGR presentada por Monreal en noviembre del año pasado abroga una ley que no ha sido acatada por Alejandro Gertz Manero, “con la complicidad del Senado, que ha sido omiso para materializar mecanismos de control como el Consejo Ciudadano de la FGR, que debe aprobar el Plan de Persecución Penal, y hasta ahora no ha nombrado”, en tanto que el fiscal no ha presentado su informe anual ni el reporte del proceso de transición de PGR a FGR.

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