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La estrategia que alimenta la inseguridad

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JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Cero y van dos. El 17 de octubre pasado, el gobierno federal informó que los enfrentamientos en Culiacán se derivaron de un patrullaje que, casualmente, se topó de la nada con Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo.

Después supimos que no era verdad, que todo había sido parte de un operativo que tenía como objetivo detenerlo con fines de extradición.

Este lunes, luego de que se supo de la masacre de tres mujeres y seis niños en la localidad de La Mora, en la frontera entre Chihuahua y Sonora, se informó (y el secretario Durazo insistió en ello en la comparecencia ante el Senado) en que todo fue producto de una confusión, que ese grupo de mujeres y niños quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes.

Ahora sabemos que no es verdad: no hubo confusión, fue una emboscada directa, como lo afirman las víctimas que sobrevivieron y que vieron incluso cómo alguna de las mujeres pudo bajarse de la camioneta para implorar por su vida y fue, de todas formas, asesinada. No hubo confusión, fue un atentando, una emboscada de criminales contra un grupo de niños y mujeres, lo que le da al hecho una trascendencia, una magnitud, mucho mayor de la imaginada originalmente.

Y demuestra una vez más que la información del gobierno federal es por lo menos, por decirlo de alguna forma suave, deficiente, y a veces hasta mentirosa.

 The Wall Street Journal publicó ayer un editorial en el que decía que la estrategia del gobierno federal ante el narcotráfico consistía simplemente en una “rendición”.

Un importante senador republicano, Tom Cotton, sostuvo que esa estrategia consiste, sencillamente, en “un cuento de hadas”.

Los dos, el periódico y el legislador, tienen una buena parte de razón: la estrategia seguida, si es que existe alguna, es una forma de rendición basada en una ilusión.

La justicia social, el apoyo a los jóvenes y la lucha contra la pobreza son objetivos por todos compartibles, pero recuperar la seguridad no pasa por allí: aquellas son metas de largo plazo que giran en torno a un gran objetivo, que es mejorar la calidad de vida.

La seguridad es otra cosa: para garantizarla, se requiere de acciones concretas contra adversarios concretos.

Y admite demasiados matices que deben ser atendidos.

Incluso cuando se incauten recursos importantes de los principales criminales, como promete el gobierno federal, si no se rompe con sus cabezas y estructuras, lo que sucederá es que habrá más secuestros, asaltos y extorsiones para cubrir las necesidades de su organización.

Lo que está sucediendo en Guanajuato con el cártel de El Marro es una demostración más de ello.

La política, que no estrategia, seguida de dejar hacer, dejar pasar a los grandes grupos criminales lo único que ha logrado es empoderarlos, incluso en espacios en los que en el pasado jamás hubieran pensado en operar a esa escala, como ocurrió en Culiacán.

El hecho es que se están dejando espacios completos en manos de la delincuencia, con un Estado que no interviene y ni siquiera molesta a los grupos criminales y éstos se están apoderando como nunca antes de territorios para ponerlos bajo su control.

Que las fuerzas federales hayan tardado de llegar más de doce horas a la zona en la que fueron masacrados los niños y mujeres de la comunidad de LeBarón lo demuestra.

Pero también lo confirman otros datos.

El lunes publicamos aquí cómo se están reconfigurando los cárteles en Guerrero. Resulta que uno de los nuevos jefes es nada menos que Gildardo López Astudillo,

El Cabo Gil, el jefe de los sicarios de Guerreros Unidos, responsables del secuestro y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, liberado ante la indiferencia de las autoridades y escudado tras la consigna de “fue el Estado”.

¿Nadie le dio seguimiento al Gil cuando salió de prisión? ¿Pensaron que se iba a convertir en un buen samaritano?

Los criminales ante el vacío que deja el Estado simplemente se empoderan. Al disputarse con mayor libertad los territorios generan acciones cada vez más violentas y la víctima es la población.

No combatir a los grupos criminales provoca el efecto exactamente contrario del que pretenden las autoridades: ellos no se autolimitan, los mueve la ambición y el dinero, por ende, se expanden y, cuanto más lo hacen, más recursos necesitan para mantener sus organizaciones y sus mecanismos de control. Y por eso mismo aumenta la inseguridad cotidiana, porque para ello recurren a todos los expedientes conocidos de la delincuencia común, desde el secuestro hasta la extorsión.

Con su no estrategia, el gobierno federal, voluntaria o involuntariamente, lo único que logra es alimentar la inseguridad cotidiana y el empoderamiento criminal.

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