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La Cofece multó con 51 millones de pesos a gasolinerías por alterar el precio del combustible

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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso un conjunto de multas que en total suman 51 millones de pesos a 11 personas físicas y 11 personas morales en el estado de Baja California.

El motivo de las sanciones es porque los señalados incurrieron en prácticas monopólicas en el sector gasolinero, pues realizaron modificaciones a los precios de los combustibles y afectaron a los consumidores locales por un monto aproximado a los 27,431,000 pesos.

De acuerdo con una investigación encabezada por la comisión autónoma, se determinó que las figuras constituidas como persona moral que son acreedoras a las sanciones económicas son: Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco, las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas. Asimismo, las 11 personas con otra figura jurídica actuaron en representación de de las empresas.

Las ciudades fronterizas pudieron haber utilizado un estímulo fiscal de la SHCP para mejorar los precios de las gasolinas (Foto: Reuters / Daniel Becerril)Las ciudades fronterizas pudieron haber utilizado un estímulo fiscal de la SHCP para mejorar los precios de las gasolinas (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Asimismo, puntualizó que los municipios afectados son Tijuana y Mexicali. En donde las empresas realizaron variaciones a su favor de 10 y 60 centavos por litro en el combustible. Cabe señalar que el municipio que sufrió el mayor incremento de precio fue la capital de la entidad gobernada por el morenista Jaime Bonilla.

Durante las pesquisas se determinó que para que esta alteración a los costos de la gasolina pudiera ser exitoso, los distribuidores de gasolina debieron de recibir ayuda.

“También concluyó que Onexpo Baja, la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo Mexicali) y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido esas conductas anticompetitivas”, se lee en un comunicado oficial de este órgano regulador.

El omitir la implementación del estimulo de Hacienda constituye una práctica monopólica (Foto: Reuters / Carlos Jasso)El omitir la implementación del estimulo de Hacienda constituye una práctica monopólica (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

De acuerdo con la comisión, estas prácticas monopólicas iniciaron en 2015 en Tijuana y se extendieron, en 2017, a Mexicali, para que las empresas mencionadas pactaron continuar con ellas.

En 2015, la Onexpo Baja y la APEGT convocaron a los gasolineros de Tijuana con la finalidad de lograr “la unidad en el sector” respecto a los precios. En esa reunión, Gasmart, Appro, Ravello y Eco acordaron mantener el precio de las gasolinas en el máximo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Después, “estos grupos -además de Florido- cambiaron la modalidad del acuerdo colusorio y comenzaron a aplicar de manera coordinada descuentos a los precios de las gasolinas en ciertas zonas”.

En 2017 “Gasmart, Rendichicas, Colorado, Magigas, Cargas, Dagal, Becktrop y Eco sostuvieron una serie de reuniones e intercambios de correo electrónico y mensajes por Whatsapp, encaminadas a mantener el precio máximo determinado por la SCHP” y no aplicar el estímulo fiscal que ofrecían desde 2015.

La Cofece imuso una serie de multas que acumuladas dan 51 millones de pesos (Foto: Reuters /Ginnette Riquelme)La Cofece imuso una serie de multas que acumuladas dan 51 millones de pesos (Foto: Reuters /Ginnette Riquelme)

De acuerdo con la Cofece, “la aplicación de este estímulo (exclusivo para ciudades fronterizas) constituía una opción para los gasolineros que permitía beneficiar al consumidor a través de descuentos, por lo que el acuerdo coordinado para no aplicarlo perjudicó precisamente a los consumidores. Esto generó que los precios de la gasolina en Mexicali se mantuvieran en el precio máximo desde enero hasta inicios de marzo de 2017”, por lo cual procedieron con la amonestación a las empresas.

Finalmente, este órgano descentralizado subrayó que los afectados pueden apelar esta imposición con el PJF, ya que es la única autoridad facultada para validar la legalidad de las amonestaciones económicas.

“Una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece”, cerró el comunicado de la institución.

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