Culiacán.— Un giro abrupto sacude la investigación contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR: una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide, por ahora, cualquier orden de aprehensión en su contra.
Serrano fue removido del cargo recientemente junto con nueve colaboradores debido a acusaciones que apuntan a un entramado de corrupción interna. Se le acusa de haber exigido un “moche” de 6 millones de pesos a la empresa Casanova Rent Volks a cambio de favorecerla en la adjudicación de contratos de arrendamiento de vehículos para la propia Fiscalía.
Pero el escándalo no termina ahí: la FGR también investiga su presunta relación con la desaparición de 900 kilogramos de cocaína que estaban bajo custodia oficial. La acusación sugiere que podrían haber sido desviados para su venta a un grupo delictivo, lo que amplía el espectro del caso hacia delitos de alto impacto.
La audiencia inicial que estaba programada fue pospuesta porque la defensa argumentó no contar con todos los documentos del expediente, trasladando la diligencia hasta octubre. Esta suspensión temporal, dictada por la jueza, congela momentáneamente la acción penal contra Serrano, sumando nuevas dudas sobre el rumbo político y jurídico del caso.
La medida de la jueza, al frenar la captura, puede interpretarse como una salvaguarda legal para el ex funcionario o incluso como una maniobra para ganar tiempo. Mientras tanto, la Fiscalía debe decidir si enfrenta la presión para reactivar la orden de aprehensión o reconfigurar las acusaciones ante los tribunales.
Este episodio revela una alerta: cuando el poder investiga al poder mismo, la justicia puede toparse con frenos internos. Y en México, donde la impunidad sigue siendo un lastre, casos como este ponen en tela de juicio no solo la capacidad institucional, sino la voluntad de abrir verdaderamente la puerta al castigo de los responsables.
