Ese cuento de la rehabilitación de los internos en las cárceles no es más que eso: un cuento. Se llaman así: Centros de Rehabilitación Social (Ceresos).
Y no rehabilitan por que son centros de internamiento de inenarrable ruindad. José revueltas en El Apando ofrece una descripción todavía vigente en términos generales de las celdas de castigo de la desaparecida penitenciaría de Lecuberri, conocido como El Palacio Negro.
Desde siempre la federación se ha hecho de la vista gorda en el rubro de las cárceles de la mayor parte de las entidades del país. Sus aportes económicos son insuficientes para brindar una adecuada seguridad y garantizar cuando menos algunos elementos de rehabilitación de los presos.
En la mayoría de las penitenciarías estatales conviven procesados o sentenciados por delitos de orden federal junto con delincuentes o indiciados del fuero común. Es decir, asesinos confesos, malosos de grandes vuelos y traficantes y sicarios de larga trayectoria –como se dice de los políticos con carrera- conviven junto con ladronzuelos, con estafadores de toda laya, con golpeadores callejeros, con acusados de faltas a la autoridad – o sea, haberse resistido a un arresto o haberle mentado la madre a los policías- y con vagos y malvivientes de todo género, que de allí salen graduados con honores para delinquir en ligas mayores.
Por eso se dice que las cárceles son las verdaderas universidades del crimen. Y no puede ser de otra manera porque allí están los profesionales del asalto en despoblado, de la extorsión a mansalva, del asesinato con alevosía, de las puñaladas traperas, de los fraudes maquinados, en compañía de ladrones por necesidad, de los carteristas que “trabajan” en los autobuses urbanos, de pandilleros y grafiteros y de culpables del grave delitos de haber cometido faltas a la moral pública: o sea, orinar en la calle o hacer el amor en la playa.
Por eso no hay rehabilitación. Por eso allí adentro se aplica la suprema ley de la selva, la afamada ley del embudo y otras leyes no escritas ni mucho menos aprobadas por ningún parlamento pero que son las que rigen la vida, o ese remedo de vida, en las cárceles y en muchos ámbitos de la sociedad.
No es responsabilidad de las entidades federativas y mucho menos de los municipios el sostener los centros de detención de delincuentes peligrosos, es decir, de los ya sentenciados por delitos federales.
Hacen falta que la federación se haga cargo de su responsabilidad en este tema. Promesas han sobrado. Mientras tanto…
