Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano creado para detectar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y operaciones financieras irregulares rumbo a las elecciones de 2027.
El mecanismo aparece en medio de una creciente preocupación por la infiltración de organizaciones delictivas en gobiernos municipales, campañas electorales y estructuras partidistas. Sin embargo, su alcance presenta una debilidad central: las revisiones serán voluntarias y el INE no podrá impedir directamente el registro de una candidatura considerada de alto riesgo.
La Comisión estará presidida por el consejero Arturo Chávez López e integrada también por Norma De la Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona. Su funcionamiento deriva de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de las candidaturas.
Una revisión que depende de los partidos
Los partidos políticos podrán entregar las listas de precandidatos y candidatos que decidan someter al procedimiento. Cada persona deberá otorgar su consentimiento previo, libre, informado e inequívoco para que sus datos sean revisados.
La condición voluntaria abre una contradicción: los partidos con mayores dudas sobre determinados perfiles también podrán abstenerse de solicitar la verificación. El propio Uuc-kib Espadas reconoció que, si los institutos políticos no presentan una solicitud, la Comisión no podrá actuar espontáneamente.
El mecanismo contempla revisar tanto candidaturas propietarias como suplentes. También se planteó incluir a quienes integren planillas municipales y a las personas designadas para sustituir aspirantes retirados durante el proceso.
Inteligencia sin poder de veto
La Comisión servirá como enlace entre los partidos y las instituciones responsables de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y análisis financiero.
En el cruce de información podrán participar la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Con esos datos se elaborarán evaluaciones de riesgo bajo, medio o alto sobre posibles relaciones con la delincuencia organizada, el narcotráfico, hechos de corrupción o recursos de procedencia ilícita.
Los resultados serán confidenciales y entregados a los partidos. No constituirán una declaración de culpabilidad, no afectarán automáticamente los derechos político-electorales y tampoco serán considerados resoluciones sobre la elegibilidad de los aspirantes.
El INE no realizará investigaciones penales ni sustituirá a las fiscalías. Tampoco tendrá facultades para cancelar una postulación por el solo hecho de recibir una evaluación de riesgo alto. La decisión de retirar o mantener al candidato permanecerá en manos del mismo partido que lo seleccionó.
El filtro y la puerta abierta
La nueva Comisión permitirá reunir información que anteriormente permanecía dispersa entre fiscalías, autoridades financieras y organismos de inteligencia. Su capacidad para generar alertas antes del registro de candidaturas representa un cambio frente a procesos electorales en los que los antecedentes de algunos aspirantes fueron conocidos hasta después de asumir el poder.
No obstante, el modelo conserva bajo control partidista la última decisión. Un instituto político podrá conocer que uno de sus candidatos presenta indicios de alto riesgo y, aun así, sostener la postulación mientras no exista una causa jurídica firme que impida el registro.
La confidencialidad agrega otra zona de opacidad. Las evaluaciones no serán públicas y la ciudadanía podría acudir a las urnas sin conocer que las autoridades identificaron riesgos alrededor de alguno de los nombres incluidos en la boleta.
La infiltración que ya alcanzó a los municipios
La creación de este mecanismo ocurre después de distintos operativos y procesos judiciales contra alcaldes, funcionarios locales y mandos policiacos investigados por extorsión, secuestro, robo de combustibles, delincuencia organizada o protección de grupos criminales.
Los municipios representan uno de los puntos más vulnerables. Desde las alcaldías se controlan policías, permisos comerciales, contratos, obras públicas y presupuestos, recursos que pueden ser utilizados por organizaciones delictivas para obtener protección territorial y legitimidad institucional.
La Comisión de Verificación de Integridad reconoce oficialmente que el riesgo de infiltración criminal existe dentro del sistema electoral. Pero también exhibe el límite del modelo diseñado para contenerlo: el INE podrá encender la alerta, mientras los partidos conservarán la facultad de decidir si la atienden o llevan al candidato hasta la boleta.
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