Ciudad de México — En un claro golpe a su discurso inicial, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, arrastra una plantilla asistencial sobredimensionada: 103 asesores confirmados, número que reaviva críticas sobre un alto costo institucional aún cuando promete recortes.
La Suprema Corte admitió que este equipo fue instalado con el nuevo arranque de periodo, y hasta ahora no ha sido revisado en su totalidad bajo criterios de eficiencia. Aguilar, además de funciones administrativas, asumirá tareas jurisdiccionales, lo cual plantea cargas de trabajo delicadas para combinar ambas responsabilidades.
Según el anuncio oficial, el 1 de octubre se aplicará un recorte del 40 %: de ocho secretarios de estudio y cuenta pasará a siete; de doce secretarios auxiliares a ocho; y de 39 colaboradores operativos a 25. También se suprimirá parte del personal de seguridad adscrito directamente a la presidencia del tribunal.
Contradicciones e interrogantes
Recortes después del gasto
Prometer recortes cuando ya se integró una estructura inflada abre la pregunta: si la austeridad era un principio, ¿por qué se planteó un equipo tan excesivo inicialmente? La medida parece más una respuesta mediática que un plan de fondo.
Riesgo para la operación jurisdiccional
Al asumir tareas jurisdiccionales, Aguilar debe responder ante el Pleno con proyectos y análisis. Con menos apoyos técnicos, podría verse desbordado o depender demasiado de asesores externos o influencias no institucionales.
Lección para otros poderes
La Corte pretende proyectar transparencia y austeridad al modificar sus estructuras. Pero el desfase entre el discurso y la práctica deja una sombra de simulación: recortar lo agregado recientemente no es una señal de disciplina, sino de desorden inicial.
Déficit de control interno
Que una institución máxima opere con una plantilla cuestionable desde el arranque demuestra que la revisión de nómina pública aún no es prioridad real, sino acto de ritual mediático, sujeto al pulso de la opinión pública.
Este episodio demuestra que las promesas de austeridad institucional pueden convertirse en máscaras para justificar recortes reactivos en lugar de ajustes planeados desde el principio. La credibilidad de la Corte no se gana con anuncios: se construye con decisiones consistentes y estructuras proporcionales al mandato constitucional.
