La Paz, Baja California Sur.— El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, abrió un delicado frente político al pronunciarse a favor de que el Estado mexicano recupere navieras, bancos y otras empresas privatizadas durante administraciones anteriores.
Sus declaraciones no constituyen, hasta ahora, una iniciativa formal ni una política anunciada por el Gobierno federal. Sin embargo, colocan sobre la mesa una discusión de enorme impacto económico: hasta dónde pretende llegar la llamada Cuarta Transformación en su intento por devolver al Estado el control de sectores considerados estratégicos.
“Me parece que sí sería muy importante, no solo las navieras, sino que fuéramos quitándole todo lo que privatizaron”, declaró Castro Cosío durante una conferencia de prensa.
El mandatario también planteó que los bancos vuelvan a ser nacionales y mencionó como ejemplos la recuperación de los ferrocarriles y la participación gubernamental en Mexicana de Aviación.
Castro Cosío sostuvo que las privatizaciones han perjudicado a la población de Baja California Sur, particularmente en los sectores relacionados con el transporte marítimo y el abastecimiento de una entidad que depende ampliamente de sus conexiones portuarias.
Incluso propuso un esquema mixto: si determinadas empresas no fueran expropiadas completamente, una parte de su propiedad debería quedar en manos del Estado y otra permanecer bajo control privado.
Pero una cosa es fortalecer la rectoría económica del Estado y otra muy distinta lanzar desde el poder declaraciones sobre expropiaciones sin presentar diagnósticos, costos, fundamentos legales ni mecanismos de indemnización. La diferencia entre una política pública responsable y una consigna ideológica está precisamente en los detalles que el gobernador no explicó.
La sola mención de nacionalizar bancos y expropiar compañías navieras puede provocar incertidumbre entre empresarios e inversionistas. México necesita competencia, regulación firme y servicios accesibles, pero también certeza jurídica. Sin ella, el discurso de soberanía económica puede transformarse rápidamente en desconfianza, salida de capitales y menor generación de empleos.
Castro Cosío tampoco precisó cuáles empresas deberían pasar a manos públicas, qué irregularidades justificarían una intervención ni cuánto costaría indemnizar a sus propietarios. Mucho menos explicó si su posición cuenta con el respaldo de Morena o de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Constitución mexicana permite las expropiaciones por causa de utilidad pública y mediante indemnización. No se trata, por tanto, de una herramienta prohibida. Sin embargo, aplicarla exige acreditar una finalidad pública concreta y respetar los procedimientos legales; no puede utilizarse como castigo político contra particulares ni como instrumento de propaganda.
Las palabras del gobernador reavivan un debate que Morena ha procurado mantener bajo control: si su proyecto consiste únicamente en recuperar la conducción estatal de áreas estratégicas o si algunos de sus dirigentes aspiran a una expansión mucho más agresiva del poder público sobre la economía.
El problema no es discutir el papel del Estado. El verdadero riesgo aparece cuando un gobernante habla de “quitar” empresas sin explicar cómo, por qué, a cuáles y con qué dinero.
Víctor Castro Cosío lanzó una declaración políticamente explosiva. Ahora deberá aclarar si presentó una propuesta seria o solamente una consigna destinada a radicalizar el discurso de la Cuarta Transformación. Porque gobernar no consiste en anunciar expropiaciones desde una conferencia: implica medir sus consecuencias y responder por ellas.
Deja tu comentario