Ciudad de México.— Una investigación periodística exhibe que Alejandro Gertz Manero, quien encabezó la Fiscalía General de la República (FGR) de 2019 a 2025, habría convertido su paso por la institución en una oportunidad para expandir intereses privados, particularmente en el sector inmobiliario, mezclando poder público con beneficios personales.
Los reportes detallan que, mientras era fiscal general, Gertz y su círculo familiar incrementaron su presencia en sociedades y propiedades de alto valor, incluso fuera del país. Esta red patrimonial levantó alertas entre especialistas en transparencia, quienes señalan un claro conflicto de interés imposible de conciliar con la responsabilidad de dirigir la principal institución de procuración de justicia del país.
El manejo de Gertz al frente de la FGR ya estaba marcado por opacidad, investigaciones inconclusas y decisiones polémicas en casos de alto perfil. Sin embargo, estas nuevas revelaciones profundizan el desgaste de una institución que, lejos de fortalecerse, quedó debilitada tras su gestión.
Expertos advierten que el patrón exhibido en la investigación —mezcla de poder, discrecionalidad y crecimiento patrimonial— demuestra la ausencia de controles internos efectivos y una preocupante permisividad frente a la concentración de facultades en manos de un solo funcionario.
La renuncia de Gertz Manero a finales de 2025 no cerró el capítulo: dejó una Fiscalía cuestionada y un precedente delicado. La denuncia abre interrogantes urgentes sobre el vacío institucional que permitió estos abusos y sobre la urgencia de replantear los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas para evitar que la procuración de justicia vuelva a ser utilizada como plataforma política o patrimonial.
El caso exhibe, una vez más, cómo la falta de controles reales puede convertir a una institución clave del Estado en un espacio fértil para el crecimiento de redes privadas de poder, lejos de su propósito original: servir a la justicia.
