Isla Mujeres, Quintana Roo.- La comunidad isleña se encuentra indignada ante las acciones de varios funcionarios municipales que, según vecinos y testigos, han actuado con abuso de poder y total insensibilidad en perjuicio de un matrimonio de adultos mayores nativos de la isla.
De acuerdo con testimonios y documentos recabados, el pasado 5 de agosto autoridades municipales —entre ellas el Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, la Directora de Desarrollo Urbano, el Director de Fiscalización y Cobranza, así como el Inspector-Ejecutor "Julio Emilio Santiago Martínez"— clausuraron sin previo aviso ni justificación adecuada el histórico negocio “El Felipez”, propiedad del señor "Jesús Garrido", de 73 años, quien lo ha mantenido en operación durante 38 años.
𝐆𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨
“El Felipez” no solo representaba una fuente de ingreso para la familia, sino también un punto de encuentro y memoria colectiva de la comunidad isleña. La clausura dejó en completo desamparo económico a Garrido y a su esposa, también de la tercera edad, quien padece diabetes y ha sufrido la amputación de una pierna. Vecinos relatan que, tras la medida, su salud se ha deteriorado gravemente ante la angustia por la pérdida de su único sustento.
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Habitantes denuncian que las autoridades actuaron “con prepotencia y sin fundamentar sus actos”, violando derechos básicos de legalidad y audiencia. Testigos sostienen que "la clausura tendría como trasfondo la intención de apropiarse del negocio, presuntamente a petición de una regidora del propio Ayuntamiento", lo que agrava la percepción de intereses políticos y económicos detrás de esta acción.
Exigencia ciudadana y llamado a instancias superiores.
Organizaciones locales de derechos humanos han solicitado que el Ayuntamiento de Isla Mujeres transparente el proceso de clausura y ofrezca una solución inmediata que permita restablecer la actividad económica del señor Garrido, además de investigar los posibles intereses privados detrás de la medida.
La comunidad exige que la presidenta municipal y el cabildo intervengan para frenar estos atropellos y restituyan el negocio, así como para sancionar a los servidores públicos implicados. “No se puede permitir que funcionarios utilicen su cargo para despojar a nuestros adultos mayores”, expresaron habitantes en una reunión vecinal.
Ciudadanos y activistas también hacen un llamado urgente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General para que intervengan, investiguen a fondo y garanticen justicia y reparación del daño a la familia afectada.
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