La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, decidió clasificar como reservada por un periodo de tres años toda la información relacionada con la explosión de la pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde murieron 31 personas y decenas resultaron heridas.
La autoridad capitalina determinó que tanto las grabaciones del sistema de videovigilancia C5 como la carpeta de investigación permanecerán bajo resguardo hasta el año 2028, lo que impide que los familiares de las víctimas y la sociedad conozcan los detalles que podrían esclarecer las verdaderas causas del siniestro.
El accidente ocurrió cuando una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP volcó y explotó, provocando una onda expansiva de más de 180 metros. Las primeras versiones oficiales apuntaron al exceso de velocidad como causa principal, señalando inicialmente que el vehículo circulaba a 50 kilómetros por hora, cifra que más tarde fue modificada a un rango de entre 44 y 46 kilómetros por hora.
Sin embargo, el caso ha estado rodeado de contradicciones y hechos que alimentan la sospecha pública. Días después del estallido se detectó una grieta de tres metros de diámetro exactamente en la zona del accidente. A pesar de videos difundidos en redes sociales que mostraban irregularidades en el asfalto, la Fiscalía descartó la existencia de baches. Además, reportes previos registran al menos 38 accidentes en esa misma curva entre 2018 y 2023, lo que refuerza las dudas sobre el mantenimiento y las condiciones del tramo.
Mientras tanto, las 31 familias que perdieron a sus seres queridos siguen exigiendo respuestas y transparencia. Con la reciente decisión de clasificar la información, tendrán que esperar hasta 2028 para conocer lo que realmente ocurrió aquella mañana que marcó una de las tragedias más mortíferas en la historia reciente de la Ciudad de México.
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