México.- Un tribunal federal condenó a 50 años de prisión a Erika de León Rodríguez, ex directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO, por el secuestro de un empresario.
El órgano jurisdiccional sentenció a la ex funcionaria por los delitos de extorsión y secuestro exprés, ambos agravados, por los cuales además le impusieron el pago de una multa de 560 mil 800 pesos y una reparación del daño de 600 mil pesos, informó la Fiscalía General de la República.
“Lo anterior, luego de una denuncia realizada por un particular ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), donde expuso que fue privado de la libertad bajo la supuesta existencia de una orden de presentación en su contra; fue trasladado a las instalaciones de la entonces SEIDO, donde Erika de León Rodríguez, fiscal de dicha Subprocuraduría, le exigió un millón de pesos para no consignarlo, razón por la que tuvo que entregar 600 mil pesos y el resto le fue exigido días después”, informó la FGR.
Aunque la ex funcionaria impugnó la condena, agotadas todas las instancias judiciales se confirmó en definitiva la pena mencionada.
El 2 de octubre de 2015, agentes de la Dirección de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la PFM se presentaron en el lote de compra venta de vehículos de Héctor Galicia y lo detuvieron con una orden de presentación y localización apócrifa.
De acuerdo con videos a los que se tuvo acceso, al arribar a la Subprocuraduría, Galicia fue llevado a la oficina de León Rodríguez, también titular de una de las cinco fiscalías que integran la Unidad Antilavado.
La familia fue extorsionada con 600 mil pesos, con la promesa de que no consignarían al locatario.
Cuando la entonces Visitaduría General de la PGR (hoy FEAI) inició la investigación, lo primero que descubrió es que no existía el número de averiguación previa por la que supuestamente indagaban a Galicia por lavado.
El 15 de diciembre de 2015 la Visitaduría detuvo a de León Rodríguez, directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO; Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal de la misma, y Porfirio Francisco Hernández, agente de la Policía Federal Ministerial.
Los tres fueron procesados por extorsión en agravio de Héctor Galicia, propietario de varios lotes de autos, a quien detuvieron con una orden de presentación y una indagatoria inexistentes, y le exigieron 600 mil pesos para dejarlo en libertad.
Por el mismo caso se ordenó capturar a Raúl Escalona Pardo, José Ramsés Fernández Sandoval y Francisco Javier Espinoza Meléndez, agentes de la PFM que en aquel momento lograron evadirse de la justicia.
Los fiscales de la SEIDO y los agentes de la PFM no son los únicos implicados en la extorsión, pues, antes que ellos, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) también detuvieron al empresario y le pidieron 40 mil pesos con el mismo modus operandi.
Otro de los casos de corrupcion mas sonados de la FGR en Cancún fue el de la empresa First National Security, en octubre del 2017.
En donde un excoordinador y dos ex agentes auxiliares de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fueron vinculados a proceso, por un juez de control por practicar cateos ilegales para extorionar a empresarios.
Los imputados Oscar N, Ángel N y Edgar N; fueron acusados de abrir las más de mil 500 cajas de seguridad quedandose con mas 900 millones de pesos, cuando sólo 12 de ellas estaban vinculadas con la investigación que llevaban dentro de la carpeta de investigación 470/2017 por delitos contra la salud.
