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Exhiben casos de fraudes y violencia en predios de la Riviera Maya

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La disputa sangrienta por terrenos de Puerto Morelos y Tulum tiene alcance sin precedentes, luego de destaparse el enredo de complicidades, intentos de ejecución y hasta simulación de compra de predios en la zona norte de Quintana Roo.

El destape se da mediante la declaración de un exagente del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos contratado por empresarios españoles para investigar al casinero mexicano Javier Rodríguez Borgio, a quien después intentarían asesinar, exhibió una trama de fraudes, corrupción y violencia en torno a 16 predios de la Riviera Maya.

Según investigaciones de la PGR y de la Fiscalía de Querétaro, la compañía española Prestadora de Servicios Azco intentó simular una venta duplicada de los terrenos ubicados en Puerto Morelos, por los cuales ya había recibido un pago de 20 millones de dólares.

Quien hizo la primera compra de los predios denominados Petempich y Don Heriberto II, fue el casinero mexicano Javier Rodríguez Borgio, a través de su empresa Inmobiliaria JRB, el 18 de agosto de 2015.

El precio pactado inicialmente fue de 25 millones de euros, pero el 26 de noviembre del mismo año un convenio modificatorio lo fijó en 20 millones de dólares. Los bienes fueron finiquitados en su totalidad el 31 de diciembre siguiente. Azco es propiedad de Guillermo José Martínez Cárdenas, un empresario español que dirige varias compañías de transporte marítimo.

Azco, según la indagatoria AP/ZN/CAN/89/02/189/10-2016, trató de invalidar esa compra-venta por dos vías.

La primera fue una demanda presentada el 22 de enero de 2016 ante el Juzgado 50 de lo Civil, en la Ciudad de México, donde reclamó la nulidad de la operación, pese al cobro.

La segunda, el 27 de abril siguiente, fue a través de la simulación de otro proceso de compra-venta a Grupo Constructor de La Ribera.

Virgilio Rincón Salas y Joaquín Ramos Ramos, integrantes de uno de los despachos de abogados más importantes de Guadalajara, operaron ambos movimientos.

En la demanda civil, Rincón representó a Azco, mientras que en la compra-venta fraudulenta resultó ser el dueño de la empresa compradora: Grupo Constructor de La Ribera.

La investigación de la PGR revela que la empresa de Rincón simuló pagar por los inmuebles 8 millones 847 mil 652 dólares a través de un cheque de la cuenta 0000144894-3 en CI Banco.

El rastreo de la PGR evidenció que Rincón había constituido su inmobiliaria apenas unos días antes, el 11 de marzo de 2016, y que cuatro días después abrió la citada cuenta bancaria.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó a la PGR que del 15 de marzo al 31 de julio de 2016 la cuenta con la que Grupo Constructor de La Ribera saldó los inmuebles nunca tuvo un solo peso. El cheque no tenía fondos.

Drama de corrupción

Juan Felipe Martínez, el exagente con un despacho de investigación privada en Miami que reveló la trama, contó que los españoles primero intentaron cambiar el nombre de los propietarios de los terrenos, para lo cual pagaron un soborno a funcionarios estatales, entre ellos el entonces gobernador Roberto Borge y Carlos Lima Carvajal, quien era director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.

Según Martínez, quien dijo ser contratado por el español Andrés Felipe Valea Vera, representante legal de Azco, él mismo contactó en Miami a un conocido de Borge y logró hablar con el exmandatario, quien intervino para que los españoles se reunieran con Lima.

El agente supo que el soborno sumaba 800 mil dólares porque Valea le pidió su ayuda para ingresar ese dinero de Europa a Estados Unidos, sin declararlo a las autoridades. Asegura que se negó.

“Virgilio Rincón quería este dinero para hacerse cargo de los pagos, que eran ‘mordidas’ para el entonces gobernador Borge, y para Carlos Lima, del Registro Público de la Propiedad de Cancún”, declaró el estadounidense.

Intento de ejecución

De acuerdo con lo declarado por el exagente, justo después de demandar por la vía civil la nulidad de la venta a Rodríguez Borgio, los dueños y abogados de Azco empezaron a maquinar el asesinato del dueño de los casinos Big Bola, a quien ya le habían encargado investigar.

En la primera semana de abril, el dueño de Azco, Guillermo Martínez Cárdenas, así como Valea, lo citaron para reunirse con los abogados Virgilio Rincón, Joaquín Ramos Ramos y Oscar Michel Márquez.

La cita fue en la oficina de Rincón en Paseo de la Reforma 243, al pie del Angel de la Independencia.

El propósito era que el exagente firmara los documentos de una empresa que iban a constituir a su nombre en Virginia. Querían que esa compañía y Grupo Constructor de La Ribera, a nombre de Rincón, simularan la compra de los terrenos para inscribirlas como propietarias en el Registro Público estatal, tal como decían tenerlo pre-acordado con Carlos Lima, según el testimonio del exagente.

Pero el estadounidense no firmó ningún papel, sólo la empresa de Rincón participaría en el fraude. “Entonces dijo Andrés (Valea Vera): ‘pues le hacemos como quedamos con Joaquín Ramos, mejor matamos a Javier, al cabo ya sabemos que está en Querétaro.

“Joaquín Ramos se encargaría de limpiar el terreno de Cancún, es decir, sería el encargado de buscar quién matara a Javier Rodríguez Borgio”, agregó.

Al salir de la oficina, el exagente almorzó con los españoles y, según contó, Martínez Cárdenas le reprochó ahí a Valea haberle hecho viajar en su cumpleaños desde Madrid a la Ciudad de México, sólo para perder el tiempo.

“Andrés le dijo: ‘disculpa, jefe, vamos a hacer lo que se tenga que hacer, como quedamos con Joaquín, vamos a matar a Javier Rodríguez Borgio y a Carlos Lima lo quemamos con el nuevo gobernador’”, relató el estadounidense.

El 27 de junio, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo rechazó la inscripción de las escrituras de la empresa de Rincón. Antes habían sido anotadas las de Rodríguez Borgio.

El plan para asesinar al empresario casinero fue maquinado desde antes de que se frustrara el intento para reapropiarse nuevamente de los terrenos, aseguró.

En los primeros instantes del 3 de agosto siguiente, Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del casinero, salía de una función de cine, junto con su novia, en la plaza comercial Antea de Querétaro.

Seis escoltas se repartieron en la camioneta blindada Mercedes G-500 negra, en la que iba el joven, en la Jeep Liberty verde de su novia, y en una Dodge Charger blanca que los seguiría a la distancia.

“Llegamos a la pluma y la Charger se puso en la otra pluma. En ese momento serían aproximadamente las 00:10 horas, cuando escuché un madrazo en el cofre de la camioneta Mercedes Benz, comenzó a salir espuma blanca y de inmediato se escucharon ráfagas de arma de fuego”, declaró Rodríguez en la carpeta de investigación CI/6695/2016.

Los disparos provenían de una Jeep Nitro y de una Toyota RAV4 color vino, con placas de Jalisco. Los escoltas del hijo de Rodríguez Borgio respondieron la metralla, pisando el acelerador por la lateral de la avenida.

Los sicarios sabían que su presa iba en la camioneta negra, por eso la persiguieron hasta que entró a un verificentro, donde aparentemente ya no tenían escapatoria.

Cuando uno de los sicarios ya había descendido del vehículo y se acercaba al portón, arribó en su auxilio la Dodge Charger, desde la que otros elementos de su seguridad dispararon a la RAV 4.

A Julio César Cabrera García “El Gafe” y Francisco Javier Valverde Pereira, los dos pistoleros de la RAV4, no les quedó más que retroceder.

Cabrera subió a la camioneta y Valverde aceleró en reversa en medio de la lluvia de disparos que ahora venían de dos lugares.

“Nos estaban disparando de frente y uno de los disparos pegó del lado del copiloto y sólo escuché que ‘El Gafe’ suspiró, como que se quejó ummmm y cayó rendido en mis piernas”, declaró Valverde.

Poco después, a las 2:12 horas, la RAV4 fue hallada por agentes de Tránsito en la calle Coahuila, en la colonia Obrera de Querétaro. En su interior fue abandonado el cuerpo sin vida de Cabrera García. El mismo día, la Policía de Querétaro detuvo a Edgardo Andrés Meza García y Víctor Alfonso Islas Mejía, cuñado de “El Gafe”.

El 31 de agosto Valverde fue capturado en la ciudad de San Luis Potosí junto con los sicarios Héctor Antonio Muñoz Zamora “El Bombero” y Gerardo López Bello.

Todos resultaron ser jaliscienses, algunos con antecedentes de haber trabajado en una empresa de seguridad privada de Guadalajara o en la Policía de Tlaquepaque.

Buscando la aplicación del criterio de oportunidad, para evitar la sanción penal, el pasado 11 de enero Valverde compareció ante la Fiscalía de Querétaro.

Declaró que los abogados Virgilio Andrade Salas y Joaquín Ramos Ramos pagaron 100 mil pesos para ejecutar a Rodríguez Borgio.

Incluso contó que a finales junio o principios de julio participó en una reunión de los sicarios con los litigantes, en un terreno baldío cercano a una zona de locales comerciales en Tlaquepaque. El 12 de enero pasado un Juzgado de Control de Querétaro ordenó tres nuevas aprehensiones.

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