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Ex Gobernador del PRD es el segundo mexicano con isla propia, después de Raúl Salinas

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El ex Gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, se convirtió en el segundo político mexicano en tener una isla privada, después de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. El 7 de diciembre de 2012, y tras 20 meses de haber dejado el cargo en el Gobierno del Estado, Agúndez registró a su nombre 2 mil 230 hectáreas en el punto conocido como Cabo San Lázaro, ubicado en la parte norte de Isla Magdalena.

El islote, que según un estudio del Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y el Instituto Politécnico Nacional, posee “uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad, riqueza pesquera y atractivo turístico del Estado”, es también la principal puerta de entrada del Santuario Ballenero localizado en el complejo lagunar de Bahía Magdalena, en el municipio de Comondú.

El plan del ex Gobernador perredista de adquirir esa paradisíaca isla se gestó el 26 de octubre de 2006, según la investigación del semanario ZETA, luego de haber registrado formalmente una acta de posesión a favor de su amigo y prestanombres, Luis Raymundo Cano Hernández, en la Dirección de Catastro del XII Ayuntamiento de Comondú, quien figura como posesionario del predio denominado Cabo San Lázaro.

De acuerdo a la carta de manifestación, el empresario expuso ser posesionario de esa extensión de tierra desde mayo de 2006, la cual, según su propia declaración, estaba estimada en un valor de 200 mil pesos. Cualquier notificación debía ser enviada a la dirección de Carretera Transpeninsular Kilómetro 29, Fraccionamiento La Jolla en San José del Cabo. Según el documento, expedido y firmado por Ernesto Prieto Urías y Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, ex delegado municipal de Puerto San Carlos y ex Alcalde de Comondú, este último sucesor de Agúndez y actual Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional (PAN).

La constancia de posesión tiene también el sello oficial del XII Ayuntamiento de Comondú, y presenta como testigos a Ángel Perpuly Lucero, de 71 años, y Wilfrido García Quiñonez, de 45. A pesar de la carta de posesión a favor de Luis Raymundo Cano Hernández, según la clave catastral del predio Cabo San Lázaro, bajo el número 002-019-004-001, la isla tiene como único dueño a Narciso Agúndez Montaño. Una de las fichas de deposito en la operación de compra-venta de más de 2 mil hectáreas en Isla Magdalena. Foto: Zeta especial para SinEmbargo.

LA COMPRA Desde hace dos meses, ZETA inició una línea de investigación sobre el legítimo propietario de Isla Magdalena, tras haber recibido una denuncia anónima y algunos datos muy generales de que el bien inmueble era propiedad del ex mandatario estatal y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En ese lapso fueron rastreados documentos oficiales, como antecedentes del predio, mapas de deslinde, avalúos, estudios, programas, resultados de algunas auditorías y operaciones de compraventa a ciertos proveedores en el sexenio de Agúndez, vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur; de igual manera, se logró recabar algunos nombres de personas y empresas, además de comprobantes de depósitos y transferencias que fueron parte de una triangulación para extraer indebidamente cuando menos 5.5 millones de pesos del erario público y poder adueñarse de ese paradisíaco islote y refugio natural -de diciembre a marzo de cada año- de la ballena gris.

Según las pruebas documentales en poder del semanario, Narciso Agúndez Montaño, así como su amigo y prestanombres, Luis Raymundo Cano Hernández, iniciaron pláticas para adquirir el islote con el director general de la compañía Solo Marke- ting, S.A. de C.V., Alfonso Peregrina Huerta. En base a una carta recibida el 8 de noviembre de 2006 a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el trato era que pagarían 3.5 millones de pesos.

El escrito, enviado por el empresario Luis Raymundo Cano Hernández y con la firma de su secretaria particular, Miriam del Carmen Galaviz Palacios, transcribe que Agúndez aportaría un millón de pesos, y Cano, 2.5 millones de pesos; a cambio, el director de la compañía publicitaria registrada en el Estado de Puebla, promovería la regularización de la isla en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y negociaría con los peritos para que el avalúo apareciera en el rango de 20 a 30 millones de pesos. No obstante, según las cuentas del propio empresario, ya habían entregado dinero de más a Alfonso Peregrina Huerta, y no había resultados sobre el avalúo que, pretendían, fuera 400 por ciento menor a su precio real.

Fueron las siguientes cantidades: 2 millones de pesos por instrucciones directas del ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño. 3.5 millones de pesos por petición del perredista Rubén Mendoza al ex mandatario en su viaje a la Ciudad de México. Inclusive, en el escrito, el empresario Luis Raymundo Cano Hernández reclama que en suma habían entregado al director general de Solo Marketing, S.A. de C.V. alrededor de 5.5 millones de pesos, y hasta ese momento, no tenían en sus manos el avalúo en el rango acordado, salvo uno de 106 millones, por el que no tenían ningún interés en cerrar el trato.

LA TRIANGULACIÓN Por tratarse del dinero de los habitantes de Baja California Sur, el ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño, junto con sus cómplices, creó un plan para sustraer indebidamente ese dinero público, el cual trianguló a través de las siguientes empresas: Piensa Publicidad, S.C. Con domicilio fiscal en Calzada Zavaleta número 2519, local K, Colonia Santa Cruz Buenavista, en la ciudad de Puebla, con Registro Federal de Contribuyente PIE040114NH5. Bólidos de Cholula, S.A. de C.V. Domicilio en Avenida Río Pánuco Norte número 3, Colonia Rafael Ávila Camacho, en el poblado de San Juan Cuautlancingo, Puebla; Registro Federal de Con- tribuyente BCO956307616. Publi Design, S.A. de C.V. Avenida Río Pánuco número 1A, Colonia Rafael Ávila Camacho esquina con Avenida Juárez Poniente, San Pedro Cholula, Puebla.

Las copias de fichas de depósito y transferencias interbancarias en poder de ZETA, comprueban que una parte de ese dinero salió de la cuenta bancaria 0445018309 de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Baja California Sur, hacia la constructora Gran Visión, S.A. de C.V., presunta propiedad del empresario Luis Raymundo Cano Hernández, por concepto de supuestas obras públicas.

Otra parte fue sustraída de la siguiente manera: El 14 de agosto de 2006 se sacó un millón de pesos para ser depositado en la cuenta 3607670974 de Scotia Bank, a nombre de la compañía Piensa Publicidad, S.C. El 14 de agosto de 2006, fue transferido un millón de pesos en la cuenta 0195736058 de Banorte, a nombre de la empresa Bólidos de Cholula, S.A de C.V.

El 4 de octubre de 2006 se transfirió un mi- llón de pesos a través de la CLABE Interbancaria 044180001079593973, al banco Scotia Bank, para Publi Design, S.A. de C.V., cuya operación fue realizada por el tesorero general de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur, Martín Castro Caldera. El 13 de octubre de 2006 se depositó un millón 500 mil pesos en la cuenta bancaria 4030819148 de HSBC, a nombre de Publi Design, S.A. de C.V.

La documentación fiscal obtenida por ZETA durante la investigación evidencia que las facturas expedidas por las empresas involucradas fueron utilizadas para cuadrar los números de la operación. Y es que de los registros obtenidos, unas facturas aparecen en blanco, y después, sospechosamente llenas, lo que -según un auditor consultado por ZETA- sugiere que “el plan fue justificar fiscalmente la salida del dinero tanto de las cuentas del Gobierno del Estado, como las de la constructora Gran Visión, S.A. de C.V., y por eso las llenaron al momento de expedir cheques y transferir el dinero”. A continuación algunos ejemplos:

1.- La factura con el folio 406 de Publi Design, S.A. de C.V. apareció completamente en blanco, y luego, fue supuestamente expedida el 3 de octubre de 2006 por la cantidad de un millón de pesos, por concepto de un supuesto estudio de identificación de mercados potenciales.

2.- La factura con el número 183 de Piensa Publicidad, S.C. figuró en blanco, y después, casualmente fue expedida el 10 de octubre de 2006 por concepto de un estudio de factibilidad por 600 mil pesos.

3.- La factura con el folio 213 de Piensa Publicidad, S.C. apareció en blanco, y el 10 de octubre de 2006, fue supuestamente expedida por 400 mil pesos por concepto de estudio de factibilidad.

4.- La factura con el número 0003 de Bólidos de Cholula, S.A. de C.V. figuró en blanco, y después, fue casualmente expedida el 14 de agosto de 2006 por 395 mil pesos por concepto de definición de medios publicitarios y costos de determinación de medios.

5.- La factura con el folio 0004 de Bólidos de Cholula, S.A. de C.V. apareció en blanco, posteriormente, fue “expedida” el 14 de agosto de 2006 por 605 mil pesos, por concepto de formulación de estrategias.

En suma, toda una estrategia para sustraer dinero público, donde también aparecieron pagos expedidos a nombre de algunas compañías como Solo Marketing, S.A. de C.V., Urban Puebla, S.A. de C.V., Grupo Proyecto 21, César Guillermo Franco Ortega, Productos y Servicios Express, S.A. de C.V., Transportes Aries, Jesús Alvarado Corona, y Maya y Asociados y/o Consultoría en Administración Pública, S.C. del gobierno de Baja California Sur, hacia la constructora Gran Visión, S.A. de C.V., presunta propiedad del empresario Luis Raymundo Cano Hernández, por concepto de supuestas obras públicas.

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