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Estuvo dos meses Genaro García Luna en la “lupa” de la UIF

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Cancún.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigó las finanzas de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, desde hace dos meses, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, reveló su titular, Santiago Nieto Castillo.

Aunque detenido hace dos días en Texas, el ex funcionario federal, acusado de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa, ya era investigado desde antes por autoridades de los dos lados de la frontera.

De visita en Cancún, para la presentación de su libro, Santiago Nieto Castillo indicó que le fueron congeladas sus cuentas bancarias no solo al ex funcionario calderonista, sino también a otras cinco personas físicas y cinco morales.

Por otro lado, confirmó que se investiga la venta de terrenos federales por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, hoy tras las rejas.

Cuestionado sobre la presunta compra irregular de un terreno por parte de José Chapur Zahoul, propietario de Palace Resorts, el funcionario federal indicó que no puede declarar sobre casos específicos; sin embargo, son dos las denuncias interpuestas contra Rosario Robles y su equipo.

Sobre el uso ilegal de outsourcings o pagadoras, indicó que ya se han interpuesto cinco denuncias contra empresas por estas prácticas ilegales y ya se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo para ver si otros han incurrido en defraudación fiscal o daño a los trabajadores a través de este esquema.

A nivel nacional, estimó que Hacienda ha perdido 324 mil millones de pesos en impuestos a través de pagadoras y empresas “factureras” o fachadas.

TURISMO ELECTORAL

Al ser también ex titular de la Fepade, Nieto Castillo también fue cuestionado sobre los casos de turismo electoral detectados en Quintana Roo y Yucatán, contestando que se obtuvieron más de 400 órdenes de aprehensión por este delito.

“Lo que quedó claro es que se usó gente de muy escasos recursos, en una práctica vil en que hacían que en cada proceso electoral se cambiaran de domicilio”, recordó, añadiendo que es una práctica que se tiene que erradicar.

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