A poco más de 100 días de la toma de posesión de Donald Trump, algunas de sus promesas de campaña insignia empiezan a cobrar más forma, entre ellas, la de detener y posteriormente deportar a millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.
Esta semana, ICE anunció en su sitio que desde que Trump firmó la orden ejecutiva de inmigración, durante la primera semana como presidente, las detenciones a inmigrantes indocumentados han aumentado casi 40%.
Estas estadísticas reflejan el compromiso del presidente Trump de fortalecer de manera justa nuestras leyes de inmigración a lo largo de la frontera ThomasHoman, director de ICE
"Sin embargo, cuando nos encontramos con otros que residen en el país de manera ilegal, pondremos en práctica nuestro deber y haremos cumplir la ley", continuó Homan en una conferencia a los medios de comunicación el miércoles.
La administración Trump fue altamente criticada tras sugerir que podrían deportar a los adolescentes y niños que habían llegado a EU de pequeños con sus padres y que estaban protegidos bajos el programa DACA —que permite a ciertos inmigrantes jóvenes vivir ,trabajar y/o estudiar temporalmente de manera legal—. En respuesta, la administración argumentó que se enfocarían en detener y deportar principalmente a los "criminales indocumentados".
Pero el concepto de "criminales" cobró un significado completamente distinto con la orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos en enero. En ésta incluyen en esa categoría a personas que cometieron faltas menores como violaciones al reglamento de tránsito.
Las cifras han aumentado en casi todos los estados, a excepción de California en donde según LA Times, los agentes de inmigración no han implementado la nueva estrategia de inmigración.
La detención es solo el inicio del calvario para los más de 30,000 inmigrantes que según información de ICE han detenido en los últimos tres meses. Una vez en los centros de detención, la posibilidad de obtener algún tipo de ayuda legal es casi nula, según ProPublica.
La organización que realiza reportajes de investigación cita un estudio de la Universidad de Pensilvania que denuncia que solamente 15% de los detenidos obtienen ayuda legal. La cifra, informa ProPublica, podría reducirse aún más bajo la administración Trump que planea construir nuevos centros de detención, la gran mayoría de estos en zonas rurales, limitando aún más el acceso a los abogados de inmigración.
