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Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, corrupto e intransigente

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Enrique-Alejandro-de-la-Cruz-PinedaLa Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lejos de velar por los intereses de los trabajadores, se ha convertido en el centro de operaciones para arrebatar predios e inmuebles mediante juicios laborales armados a modo para, sin que los verdaderos dueños tengan idea de que van en marcha, se enteren cuando llegan con una orden de embargo para despojarlos, todo orquestado por el subsecretario en la Zona Norte de la dependencia, Enrique Alejandro de la Cruz Pineda.

Tanto en Tulum, Solidaridad y Cancún se han dado casos de despojo, al menos una veintena de ellos, y otros más que mejor vendieron y se fueron, pero hay temor por decir algo porque De la Cruz Pineda, dicen personas cercanas en la dependencia, presume tener una gran relación con personas influyentes.

En plena zona hotelera de Cancún, principal centro turístico del país y atractivo para inversionistas, hay víctimas del equipo comandado por  De la Cruz Pineda, quien puso como uno de sus objetivos a Lagoon Lofts, proyecto de 62 condominios dentro del club de golf Pok Ta Pok, en el kilómetro 7.5 del bulevar Kukulcán, zona habitacional de empresarios de arraigo en Cancún.

La estrategia en todos los casos es similar: preparar embargos millonarios a través de juicios laborales de supuestos trabajadores que al ser desconocidos por los dueños de los inmuebles o predios, jamás hacen algo al respecto, y se enteran hasta que son notificados de que sus propiedades se embargan y después se rematan.

En el caso del desarrollo condominal Lagoon Lofts, bajo el expediente 49/2012 de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, en el cual 21 supuestos trabajadores demandan pagos y liquidaciones, fue inscrito un embargo de más de 48 millones de pesos ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Cancún el 29 de septiembre de 2014.

Para el 19 de diciembre del mismo año todo estaba listo, el actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Freddy Ricardo Quintal Bojórquez, con más de 20 policías armados y cinco patrullas, se presentaron en el desarrollo condominal para hacer la diligencia de adjudicación y entrega de los bienes embargados a los demandantes, trabajadores que ni se presentaron.

El embargo fue por la totalidad del inmueble de 62 condominios, cuyo costo es superior a los 48 millones de la demanda.

El mismo 19 de diciembre fue presentada ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, dirigido por Carlos Alejandro Lima Carvajal, la escritura pública 972 por medio del notario suplente, Gabriel Palacios Velasco. Ahí comparece en rebeldía de la parte demandada, el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila, quien enfrenta un proceso penal ante la Procuraduría General de la República bajo la denuncia penal AP/PGR/QROO/CAN/566/2014-V, por despojo, mal uso de la Ley Federal del Trabajo y fraude procesal por el mismo caso.

De hecho, el 18 de junio, Zavala Ávila fue detenido y presentado ante la PGR, mismo día en que salió bajo caución, y más tarde señaló que había sido por una orden de presentación que no había cumplido.

Incluso en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, Carlos Lima Carvajal, director general, bloquea la información a personas que han sido víctimas de despojos.

Sin embargo, el plan creado por Alejandro De la Cruz no contaba con que un recurso de revisión de amparo, tras la negativa del amparo turnado en el Juzgado Séptimo de Distrito de Cancún notificado el 13 de febrero de 2015, resultó en favor de los dueños del desarrollo ubicado en Pok Ta Pok, por lo cual se tuvo que devolver lo embargado para seguir con la demanda de los 21 supuestos trabajadores, armada en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Este caso es comentado por varias de las víctimas de los despojos, incluso llegó a aquellos que abandonaron Quintana Roo, decepcionados de la situación que vivieron, cuando habían visto en la entidad la oportunidad para hacer una vida tranquila.

“Empresas fantasma” para hacerse de inmuebles

 

El 26 de mayo del 2014 la Junta de Conciliación y Arbitraje inscribió en el Registro Público de la Propiedad el embargo de un predio ubicado en Club Real Fase II de Playacar, procedimiento que forma parte de una demanda laboral iniciada en septiembre del 2010 en contra de tres empresas fantasma que fueron señaladas con ese domicilio que pertenece a dos ciudadanos estadounidenses que acusan el intento de despojo con un expediente hecho a modo.

Se trata del expediente 414-2010 promovido en la Junta de Conciliación por Roselín Ramírez Aguilar y Pedro Arcos Montejo por un supuesto despido injustificado que habrían sufrido por parte de las empresas fantasma Yomkin Del Mundo S.A. de C.V., Kantunulkín y El Universo S.A. de C.V. y/o Consultores Eficientes Tzecos S.A. de C.V. y/o Doody Thomas Gerard, aunque dichas empresas no existen, o al menos su domicilio no es el que la dependencia identificó como tal.

Con ese expediente creado se ha pretendido despojar del predio a los dueños originales, Thomas Gerard Doody y Pamela Anne Robins, en un modus operandi que ha sido llevado a la práctica en Tulum por la Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte que encabeza Enrique Alejandro de la Cruz Pineda.

De acuerdo con los representantes de la pareja de origen estadounidense, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha llevado a cabo un proceso jurídico por varios años, con el fin de arrebatarles su casa –valuada en un millón de dólares- a los propietarios originales.

Durante cinco años diversos presidentes de la Junta de Conciliación han dado seguimiento a ese caso, que actualmente se encuentra en un proceso de amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito bajo el número 868-2015, interpuesto por Jesús Manuel Jácome Ruiz y Mario Alberto Vela Cetina, abogados defensores de los dos supuestos trabajadores, aunque el representante de la pareja estadounidense afirma que en ese procedimiento –interpuesto en abril de este 2015- fueron falsificadas las firmas de los trabajadores.

La defensa de Gerard Doody y Pamela Anne asegura que inventaron una empresa fantasma para que fuera demandada por dos supuestos trabajadores que dieron como domicilio el mismo donde se ubica la casa de aquellos, con el fin de llevarlo al embargo, que hasta la fecha está inscrito en el Registro pero no se ha ejecutado.

Incluso ex trabajadores de la Junta confirmaron que las denuncias en contra de empresas fantasma con domicilios que no corresponden a los que se presentan, es una práctica que se realiza con regularidad, especialmente entre 2013 y 2014, que coincide con el ingreso de Enrique de la Cruz Pineda a la Subsecretaría del Trabajo en la Zona Norte, quien entró en agosto de 2012.

Además del caso de Gerard Doody y Pamela Anne otros abogados llevan al menos dos más que fueron impulsados por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen que actualmente preside Roberto Ibarra Morales.

Miedo en Tulum

 

“Precaución o miedo” prevalece entre los posesionarios y propietarios de predios de  la zona costera de Tulum y evaden hablar de la situación legal que envuelve esas tierras.

De los integrantes de la asociación de colonos que en algún momento intentó regularizar la situación de esas tierras, ya pocos permanecen en la zona.

—Después de los desalojos ocurridos hace al menos tres años, los que pudieron vendieron las tierras ejidales, particularmente quienes obtuvieron certificados parcelarios del Registro Agrario—, explicó un ocupante del predio del ejido José María Pino Suárez, en el cual se encuentran asentadas varias cabañas. La entrega de la documentación agraria favoreció la venta de los predios, explicó, y muchos de los que habían emprendido un litigio, abandonaron el proceso y recuperaron la inversión, o por lo menos obtuvieron algo.

La gran mayoría abandonó Tulum. A la par, hay un pacto no escrito entre ejidatarios de no “alborotar el avispero”.

En torno a este tema, se intentó entrevistar a varios involucrados, pero optaron por el silencio por recomendación de los abogados a cargo de los casos.

“Espero que lo entiendas”, argumentó uno de ellos cuando se negó a la entrevista en torno a su situación actual tras el desalojo del que fue objeto hace algunos años.

Algunos de los  predios en litigio de la zona costera de Tulum, se encuentran abandonados o bajo cuidado de elementos de seguridad privada, protegidos con cercas altas, e incluso, en algunos casos, con torres de vigilancia, donde estos trabajadores se mantienen alertas ante cualquier movimiento.

Eventualmente se reportan visitas de actuarios de los juzgados de Playa del Carmen para diligencias de las que se da vista a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, para entrega de notificaciones, o algún otro trámite.

No se han registrado más desalojos en los que se haga uso de la fuerza pública municipal. Entre las autoridades ministeriales también permea el silencio.

Los regidores del Cabildo tulumnense poco se quieren involucrar en torno a este tema que en algún momento generó tensión y conflicto y ahora coloca al municipio de Tulum, en la palestra.

Los de oposición no opinan ni de este, ni de otros problemas, particularmente de las sesiones de Cabildo que se llevan a cabo a puerta cerrada, como es el caso de las más recientes, incluidas aquella donde se declaró recinto oficial la unidad deportiva para presentar el segundo informe de gobierno municipal.

La regidora panista, Wendy Ruiz Aguilar, señala que no es asunto de su comisión el tema del litigio de tierras, y que corresponde a otro nivel de gobierno atenderlo.

Varios de los casos que han sufrido en Tulum bajo la misma estrategia de inventar juicios laborales para ejercer embargos y después revender los predios o los inmuebles han sido dados a conocer en el portal  de Carmen Aristegui en http://aristeguinoticias.com/0709/mexico/tulum-tierra-de-ambiciones/.

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