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Empresarios llaman a “expropiación indirecta” a la iniciativa de ley eléctrica de AMLO

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La iniciativa preferente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso aumentará los precios de los productos y servicios, dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta“, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Es contraria a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado. De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad“, destacó el organismo empresarial a cargo de Carlos Salazar Lomelín.

Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.

La falta de consenso para su presentación, detalló el grupo empresarial, abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis generada por la COVID-19 y “rompe la promesa del Presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”.

Las afectaciones para México, alertó el CCE, son la “expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, lo que les parece un potencial poder de violar lo establecido en la Constitución mexicana.

“Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados”, aseguró.

La CCE además explicó que esta iniciativa preferente viola la no retroactividad de la ley porque “ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular”, lo que impactaría directamente las inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, en consecuencia el Estado mexicano deberá indemnizarles.

“Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública”, pues se modificaría unilateralmente los derechos de los particulares a cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Incluso se contrapone con lo dictado por el poder judicial federal, pues “retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019”, mismas que se suspendieron definitivamente al considerarla violatorias de derechos constitucionales.

INICIATIVA PREFERENTE

El lunes, el Presidente López Obrador, envió la iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado.

Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional”, como argumenta el Presidente en el texto.

La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.

“Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica”, expuso el Presidente.

La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro. Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14 por ciento del PIB , según el CCE.

La iniciativa preferente del Presidente sorprendió porque no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comienza este 1 de febrero y termina el 30 de abril.

“Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia”, estableció el líder izquierdista en su exposición de motivos.

La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía. También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.

Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.

El Presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada.

“La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica”, sostuvo el mandatario.

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