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Empresarios furiosos porque Alcalde publicó una lista de empresas con despidos: “Nos quieren amedrentar”

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Las críticas a Salazar y su llamado contra la 4T. El debate jurídico sobre la implicaciones por difundir esa información.

La reunión virtual de empresarios este lunes dejó momentos trascendentales que anticipan el desenlace de las medidas de recuperación económica ante la pandemia de Covid-19. Frente a la negativa de Andrés Manuel López Obrador de inyectar liquidez tomando deuda (o incluso condonando algunos impuestos), la patronal en voz de Gustavo de Hoyos impulsará un acuerdo entre más de 4,000 líderes empresariales de todo el país.

Las críticas que recibió el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, por su actitud “displicente” ante el Gobierno -otros hablaron de “tibieza” o “demasiada diplomacia”- motivó que el empresario propusiera que en 2022 “porque así lo estableció ahora nuestro Congreso, de hacer una revisión democrática a un rechazo de mandato [a López Obrador], ahí es el momento”.

Esta mañana vino la respuesta de la 4T. Durante la mañanera, la secretaria Luisa María Alcalde presentó una lista en la que exhibió a algunas de las empresas que han despedido a trabajadores desde el primer caso detectado de coronavirus pese a la solicitud del Gobierno de no hacerlo. En total, a partir del 13 de marzo se han perdido 346,878 empleos. Y cargó en particular contra las grandes empresas, destacando la solidaridad de las pequeñas y medianas (Pymes).

Con nombre fiscal, lugar de residencia y número de empleados (desglosado), la titular de la Secretaría del Trabajo ubicó a las compañías que han dado de baja del IMSS a sus trabajadores, principalmente en Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas, estados que concentran más de la mitad de los despidos. LPO consultó entre las cámaras patronales cómo recibieron la difusión de dicha información en Palacio Nacional, y el gesto fue interpretado como “hostil”.

Para empezar, aseguran los empresarios, la estadística nacional refiere que el 60% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, y ahí es donde hay pérdidas mayores e impactó el desempleo de lleno. Pese a ello, el Gobierno federal presentó datos sólo del 40% restante, donde se encuentra el empleo cuyo registro respalda el seguro social. “Ante el nuevo golpe, la molestia crece. Parece que nos quieren amedrentar”, aseguran a LPO en el CCE.

Consultado por esta redacción, el abogado Gilberto Chávez Orozco anticipó que no habrá demandas pues la Secretaría del Trabajo “no está haciendo una acusación directa”, aunque compartió su preocupación ante la “transgresión de la privacidad” de las empresas a las que Alcalde Luján señaló de no ser solidarias y actuar sin sustento legal. Por su parte el maestro del ITAM, Luis Enrique Pereda, vio que esta acción podría caer en una violación de la “presunción de inocencia” de los exhibidos.

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Otra preocupación que expresaron los empresarios de Coparmex y el CCE es una estrategia de división de la actual administración, para desplazar a los interlocutores oficiales de la patronal con el Gobierno y posicionar en su lugar a varios integrantes del Consejo Asesor Empresarial. De ahí el recibimiento en Palacio de Emilio Azcárraga de Televisa, de Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios y de Valentín Diez Morodo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

También el presidente convocó a una reunión a Grupo México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea). Y a Armando Garza de Grupo Alfa, Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada de Vitro, Eduardo Garza de Frisa y Juan Ignacio Garza. Un grupo de empresarios de Nuevo León. La fuerza de estos grupos podría doblegar a los abiertos opositores a la 4T. Para Francisco Martínez, abogado de la UNAM, la publicación de hoy podría conjurarse como “daño moral, pero únicamente en la Ciudad de México”.

Aunque es más optimista que sus colegas. Pues, en sus palabras, “en todo caso lo que podrían alegar es una especie de difamación, por el juicio que se hace de que ‘destruyen el empleo’, pero eso es cuestionable”. “Después de todo, es información que posee el gobierno y, desde mi punto de vista, ni es confidencial y mucho menos cumple con requisitos para ser reservada”, agregó Martínez, quien en contraste anticipa nuevas negociaciones y nuevos anuncios entre los empresarios y el presidente.

 

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