La producción de criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa uno de sus momentos más bajos en décadas. La emisión de tesis —instrumento fundamental para la uniformidad interpretativa del derecho en México— se desplomó más de 90 por ciento.
El dato no es menor. Las tesis jurisprudenciales y aisladas constituyen la columna vertebral del sistema jurídico nacional. Son el mecanismo mediante el cual la Corte fija criterios obligatorios u orientadores para juzgados y tribunales del país. Si la producción cae de manera abrupta, el impacto no es estadístico: es estructural.
Menos tesis significa menos certeza jurídica. Una reducción de esta magnitud implica que múltiples asuntos se están resolviendo sin generar doctrina judicial consolidada. En términos prácticos, eso se traduce en menor previsibilidad para litigantes, jueces de instancia y ciudadanos.
El problema no es solo cuantitativo, es cualitativo. La baja productividad refleja una integración del Pleno sin sólida carrera judicial. Varios ministros no cuentan con trayectoria jurisdiccional prolongada ni formación técnica forjada en órganos judiciales. El resultado es evidente: resoluciones que privilegian la lógica política sobre la técnica constitucional.
Un tribunal constitucional no está para enviar mensajes políticos ni resolver coyunturas mediáticas. Su función es construir precedentes sólidos, coherentes y técnicamente depurados. Cuando las decisiones se toman con criterios políticos, la deliberación pierde profundidad jurídica y la emisión de tesis disminuye.
Históricamente, la Corte mantenía una dinámica institucional robusta: debate técnico, proyectos elaborados por secretarías con amplia experiencia y una cultura de carrera judicial que garantizaba consistencia doctrinal. Hoy, la percepción es distinta. La deliberación se ha desplazado del análisis jurídico riguroso hacia posicionamientos de carácter político.
La caída superior al 90 por ciento en la emisión de tesis es una señal de alerta institucional. Sin precedentes claros, se fragmenta la interpretación del derecho, aumenta la discrecionalidad y se debilita la función unificadora del máximo tribunal.
La certeza jurídica no es un concepto académico. Es la base del Estado de Derecho. Y cuando el órgano encargado de custodiar la Constitución reduce drásticamente su producción técnica, el problema no es de estadísticas: es de institucionalidad.
