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Emiliano Ramos y el nepotismo en todo su esplendor toda su parentela en la nómina del congreso

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CHETUMAL, 7 de mayo.- La XV Legislatura del Congreso del Estado, en los ocho meses que lleva de gestión, ha despilfarrado y creado más de 50 cargos públicos para beneficiar a sus familiares y amigos, así como para el pago de favores políticos hacia sus militantes, simpatizantes y recomendados partidistas.
Cuando los diputados locales por la coalición PAN-PRD asumieron funciones en septiembre de 2016, condenaron la presencia de aviadores y el exceso en la nómina del Poder Legislativo; pero ahora con el apoyo de los diputados de las demás fracciones parlamentarias, han creado oficinas en Cancún, un costoso sistema de Votación Electrónica y secretarías técnicas para cada una de las 25 Comisiones Ordinarias, de donde se desprenden más de 50 nuevos puestos y un excesivo gasto en sueldos, funcionamiento y mantenimiento de estas nuevas oficinas y herramientas tecnológicas.
Los diputados de la XV Legislatura también han inflado la nómina del Congreso local con decenas de aviadores, a quienes han dado cargos de asesores, asistentes o algún otro puesto que es costeado con dinero público, pero con la única finalidad de beneficiar a los familiares, amigos o recomendados políticos de los legisladores, ya que estos nuevos trabajadores ni siquiera se presentan a trabajar o lo hacen pocas horas al día.
Como parte de estos nuevos puestos resultó beneficiado Alzayácatl Salvador Ramos, hermano del diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, y quien cobra como asesor del Congreso del Estado, pero sin presentarse a trabajar. También se tiene como “asesor” de la presidencia al panista Javier Jiménez Corzo, quien recibe un sueldo mensual neto de 21 mil 332 pesos.
Otro oneroso cargo fue para Cinthya Yamilie Millán Estrella, quien fungió como representante legal de la coalición PAN-PRD en las pasadas elecciones, y ahora ocupa la dirección de la Secretaría Técnica de la Gran Comisión del Congreso del Estado, con un sueldo mensual neto de 25 mil 231 pesos.
El panista Enrique Edgardo Martínez Muñoz fue otro de los beneficiados con la repartición de estos nuevos cargos, ya que gracias a sus lazos cercanos con los panistas del Congreso local, obtuvo un puesto de “asesor” en la presidencia, con una percepción mensual neta de 21 mil 332 pesos.
Con un sueldo mensual neto de 21 mil 332 pesos, los panistas Wendy Anahi Mejía Flores y Oscar Eduardo Bernal Avalos se desempeñan como “asesores” de la Presidencia del Congreso del Estado. Oscar Eduardo Bernal Avalos se ha caracterizado por sus múltiples puestos al interior del PAN Quintana Roo, como haber sido secretario general del Comité Estatal del PAN y responsable de la Comisión del PAN de Puerto Morelos, entre otros; y gracias a su cercanía con los diputados locales de su partido, ahora tiene un puesto de “asesor” que le genera más de diez mil pesos quincenales.
Hasta el exdirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo y actual encargado de la Confederación de Autotransportistas, Trabajadores y Empleados de México (Catem), Rafael Beltrán Chim ocupa un puesto directivo como “asesor” en la Unidad de Transparencia del Congreso local, cobrando mensualmente 22 mil 94 pesos.
El diputado perredista Emiliano Ramos Hernández obsequió a su hermana Sandra Ramos Hernández el puesto de jefa de departamento de la Dirección de Archivo General y Biblioteca, con un jugoso sueldo de 21 mil 332 pesos al mes.
De acuerdo con la información recabada, la dirección de Relaciones Públicas, a cargo de Lena Catalina González Hernández, ha generado un gran número de puestos que sólo sirven para alimentar a “aviadores”, ya que la mayor parte de la semana estas oficinas se encuentra vacías.
Hasta el dirigente del Panal en Quintana Roo, Armando Miguel Palomo Gómez, tiene un puesto de “aviador” en el Congreso local, ya que cobra mensualmente 15 mil 772 pesos netos como “jefe de unidad” en el área de Apoyo y Asistencia Legislativa, a pesar de que no pone un pie en el palacio legislativo.
Y es que son decenas de puestos de confianza con nivel de directivos los que han surgido con la legislatura en turno, eso sin contar a los nuevos secretarios técnicos que se encargan de las labores administrativas para cada una de las 25 Comisiones Ordinarias del Congreso del Estado, supliendo las funciones que originalmente le correspondían a los diputados presidentes de estas comisiones.
Estos son sólo algunos de los familiares, amigos y recomendados que han sido beneficiados por los diputados que representan a la Gran Comisión del Congreso del Estado, quienes contando con el respaldo del resto de la XV Legislatura, han creado costosas oficinas de “enlace legislativo” en la ciudad de Cancún, de la cual se desprenden varios cargos con sueldos que van desde los 10 mil hasta los más de 25 mil pesos mensuales, y que son ocupados por gente cercana y recomendada de los diputados.
La oficina ubicada en el centro de la ciudad forma parte de un “paquete” de remodelación del Congreso del estado que tiene un costo oficial de 4.2 millones de pesos y está a cargo del panista Carlos Avila Lizárraga, amigo íntimo del presidente de la gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila y quien ha encontrado en el Congreso del estado, la forma de hacer negocios a costa de recursos de los quintanarroenses.
Avila Lizárraga a través de la empresa Consorcio Blue Petroleum S. A de C. V., de la cual es representante legal, lleva a cabo la remodelación del Congreso del estado de Quintana Roo, por un orden de 4.2 millones de pesos.
La empresa Consorcio Blue Petroleum recibió la concesión de la obra sin licitación, a pesar de que debió licitar para transparentar las acciones que ha emprendido la Gran Comisión del Congreso del Estado.
De hecho, Eduardo Martínez Arcila reconoció que no hicieron la licitación respectiva para estos trabajos de modernización tecnológica en el recinto legislativo, sino que fue a través de una “invitación directa” por la que contrataron a los 3 proveedores.
Y es que detrás del contrato de Carlos Enrique Avila Lizárraga parecen haber intereses personales y políticos como trasfondo, ya que se está privilegiando a un allegado joaquinista que es muy cercano al diputado Eduardo Martínez Arcila, sin siquiera haber dado oportunidad ni las mismas condiciones para que cualquier otro proveedor pudiera alcanzar este beneficio.
Este gran negocio que favorece a Carlos Enrique Avila Lizárraga forma parte de la “remodelación tecnológica” del Congreso del Estado, en el que se destinaron 4.2 millones de pesos para poner en funcionamiento el nuevo sistema de Votación Electrónica y Asistencia Legislativa, recursos que hasta el momento siguen sin ser transparentados como es debido.
Y es que desde que la XV Legislatura entró en funciones, los negocios de joaquinistas han envuelto al Congreso del Estado, y como prueba de ello es que el solidarense Luis Antonio López Ortiz, junto con su esposa Addy García Guerrero, también formaron parte de los proveedores beneficiados en la implementación del costoso Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, gracias a sus vínculos cercanos con el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, así como con la alcaldesa del municipio de Solidaridad, María Cristina Torres Gómez, cercana al gobernador Carlos Joaquín.
La empresa Alv Alumi S. A de C. V., cuyo representante legal es Luis Antonio López Ortiz, fue otra beneficiada sin necesidad de pasar por un proceso de licitación para entrar al jugoso negocio que significó el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica del Congreso del Estado, el cual tuvo un costo de 4.2 millones de pesos que siguen sin ser debidamente transparentados.
La empresa Alv Alumi S. A de C. V., propiedad de Luis Antonio López Ortiz y Addy García Guerrero, recibió una gran cantidad de dinero para el suministro e instalación de los monitores que se emplearon en este nuevo y lujoso sistema tecnológico del Congreso del Estado, el cual resultó ser un negocio que privilegió los intereses personales, políticos y económicos de la coalición PAN-PRD.
La otra empresa beneficiada fue Profeti Consultores S. A de C. V., cuyo representante legal es Miguel Angel Puga Priego, quien se pudo adentrar en el control mediático del Congreso del Estado de Quintana Roo luego de haber recibido un millonario contrato para implementar un software especial, el mismo que usa el gobierno panista de Puebla que encabeza Rafael Moreno Valle, como parte del nuevo Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica del Congreso local.
La empresa Profeti Consultores, de origen poblano, se ha encargado de cuidar, publicitar y promover la imagen de Rafael Moreno Valle, quien ahora está recibiendo el apoyo del gobierno quintanarroense de Carlos Joaquín González para impulsar, desde este momento, su campaña para las elecciones presidenciales del 2018.

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