En medio de reclamos y fuertes señalamientos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera con 338 votos a favor y 129 en contra.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, busca modernizar el marco normativo de las aduanas, fortalecer los controles digitales, redefinir las funciones de los agentes aduanales y sancionar con mayor severidad las irregularidades en recintos fiscalizados.
Lo que cambia
La reforma fija la vigencia de las patentes de los agentes aduanales en 20 años, con la obligación de certificarse cada tres. Además, se crea un Consejo Aduanero bajo supervisión de la Secretaría de Hacienda, encargado de otorgar, suspender o cancelar dichas patentes.
También se endurecen las sanciones a los recintos fiscales que permitan la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos tributarios y se amplían las facultades de las autoridades aduaneras para firmar convenios tecnológicos que fortalezcan la vigilancia y trazabilidad del comercio exterior.
Críticas de la oposición
Durante la sesión, diputados de oposición advirtieron que la reforma es insuficiente para enfrentar el fenómeno conocido como huachicol fiscal y que no ataca de raíz las redes de corrupción que operan dentro de las aduanas.
Los legisladores señalaron que el problema va más allá de la falta de controles y se relaciona con la colusión de funcionarios y grupos criminales que facilitan el contrabando de mercancías y combustible. Argumentaron que la reforma no establece mecanismos claros de rendición de cuentas ni medidas efectivas de fiscalización.
Contexto del debate
La discusión se dio en un ambiente político tenso, marcado por las recientes denuncias de contrabando y evasión fiscal en varias aduanas del país, donde se han detectado operaciones ilegales ligadas al robo y tráfico de hidrocarburos.
De acuerdo con estimaciones citadas en el debate, el huachicol fiscal representa pérdidas millonarias para el erario y se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para grupos delictivos.
Pese a las críticas, la mayoría legislativa respaldó la propuesta bajo el argumento de que permitirá modernizar los procesos aduaneros, agilizar el comercio y combatir prácticas desleales en la importación y exportación de productos.
La minuta fue enviada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación en los próximos días.
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