En un hecho que puede sacudir los cimientos de Morena en Baja California, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) ha ligado a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo con la facción criminal “La Mayiza” —parte del Cártel de Sinaloa—, acusaciones que incluyen protección institucional, extorsión y control desde el gobierno municipal. Brown rechaza todo y dice ser víctima de una campaña de difamación.
Señalamientos exactos
Según documentos estadounidenses, durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, Brown permitió que “La Mayiza” ejerciera influencia sobre el ayuntamiento a través de personas como Candelario Arcega Aguirre —presunto operador político— y Jesús González Lomelí, señalado como operador financiero del grupo. Se le imputa haber hecho nombramientos estratégicos, haber permitido pagos de extorsión y otorgado protección desde instancias municipales, a cambio de impunidad y acceso a recursos públicos. También se mencionan empresas vinculadas que servirían de fachada para lavado de dinero.
Respuesta de la diputada
Brown Figueredo ha salido al contraataque. Niega que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas, asegura no haber recibido notificación formal alguna y declara desconocer de qué se le acusa. Dice que recientemente viajó a EE.UU. sin problemas de migración, y asegura que continuará trabajando como si nada, argumentando que los señalamientos son una infamia motivada por su lucha contra la corrupción.
Impacto político y preguntas urgentes
Morena podría enfrentar una crisis reputacional importante si se confirman vínculos institucionales con organizaciones criminales.
¿Qué investigaciones internas realizará el partido sobre su diputada?
¿Qué hará la Fiscalía General de la República y si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomará cartas en el asunto, dado que ya podrían existir bloques administrativos como parte de cooperación internacional?
¿Cuál será la reacción del gobierno federal y local ante estas acusaciones que vienen de autoridades extranjeras?
Conclusión latente
Esta acusación coloca a Hilda Araceli Brown en el centro de un escándalo que va más allá de lo mediático: de comprobarse, se trataría de complicidad institucional grave que pondría en tela de juicio la integridad de quienes ocupan cargos de elección popular. Por ahora, la diputada se escuda en la sorpresa, pero el escrutinio internacional ya está encima, y los ciudadanos esperan respuestas contundentes y transparentes.
