Coatzacoalcos, Veracruz.— La detención del reportero de nota roja Rafael León Segovia encendió las alarmas del gremio periodístico y organizaciones civiles, luego de que la Fiscalía estatal le imputara delitos de terrorismo, encubrimiento y ataques a instituciones de seguridad, en un contexto marcado por violencia extrema y opacidad oficial.
El arresto ocurrió el 24 de diciembre, cuando agentes ministeriales cumplimentaron una orden judicial en su contra. Desde entonces, el comunicador permanece bajo prisión preventiva, mientras se define su situación jurídica. La Fiscalía asegura que actuó conforme a derecho, pero no ha explicado con precisión los hechos que sostienen cargos tan graves.
La detención se produce en medio de una contradicción que ha generado indignación pública: tras la explosión de un coche bomba, autoridades federales minimizaron el hecho al sostener que no se trató de terrorismo; sin embargo, un periodista que documenta el baño de sangre en Veracruz es acusado justamente de terrorismo. Para críticos, el mensaje es claro: informar incomoda.
Colegas y defensores de la libertad de expresión sostienen que el verdadero “delito” de Rafael León Segovia es reportear la violencia que azota al sur del estado. Señalan que criminalizar la cobertura periodística inhibe la denuncia y beneficia la impunidad en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha transparentado si los cargos derivan de conductas ajenas al ejercicio informativo o si están directamente vinculados a su trabajo. Esa falta de claridad alimenta la percepción de persecución judicial y uso del aparato penal para silenciar.
El caso reaviva el debate sobre autoritarismo, libertad de expresión y seguridad en Veracruz. Mientras no se aclaren los hechos con pruebas contundentes, la detención seguirá siendo leída como un castigo por informar, en un estado donde la verdad se paga caro.
