Guanajuato, 24 de septiembre de 2026.— Lo que inicialmente fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol del actual sexenio enfrenta ahora serias interrogantes. Tras el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, fue destituido Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.
El relevo ocurre mientras el caso experimenta un giro sustancial: fuentes de la propia Fiscalía señalaron que los hidrocarburos asegurados podrían no corresponder a huachicol fiscal.
El 17 de septiembre, las autoridades informaron del aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburos en la comunidad de La Fragua. El volumen comprendía aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina premium y 18.2 millones de diésel.
La magnitud del operativo colocó inmediatamente el caso bajo los reflectores nacionales.
Días después, sin embargo, comenzaron a surgir elementos que modificaron el escenario inicial.
Una orden de cateo bajo la lupa
Uno de los puntos más delicados está relacionado con la identidad de la empresa mencionada en el procedimiento.
De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, la orden de cateo habría estado dirigida contra una compañía denominada Gas del Noreste, mientras que la terminal donde fueron localizados los millones de litros es operada por Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA.
La diferencia en las denominaciones resulta relevante porque será necesario determinar contra qué persona moral se solicitó exactamente el mandamiento judicial, qué inmueble fue autorizado para ser intervenido y cuáles fueron los datos aportados para justificar el cateo.
Gas Natural del Noroeste sostiene que cuenta con permisos para almacenar hasta 100 millones de litros de hidrocarburos y asegura haber entregado documentación a las autoridades para acreditar la legalidad de sus operaciones.
59 millones de litros y muchas preguntas
El posible origen legal del combustible no significa que la investigación haya concluido.
La FGR había informado que no todas las empresas relacionadas habían aportado inicialmente documentación suficiente para acreditar de manera completa el origen, manejo y destino de los hidrocarburos.
Por la dimensión del expediente, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, encargada de revisar documentación, empresas relacionadas, propiedad de los combustibles y su trazabilidad fiscal y financiera.
Precisamente ahí se encuentra ahora el punto central del caso: determinar si existió realmente una operación ilícita o si el aseguramiento involucró combustible cuya procedencia puede ser acreditada legalmente.
Destituyen al delegado de la FGR
En medio de las dudas surgidas después del operativo, Juan Francisco Vera Ayala dejó la delegación de la FGR en Guanajuato.
El relevo ocurre temporalmente después del controvertido aseguramiento. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente que su salida constituya una sanción derivada específicamente de posibles irregularidades en el cateo.
La sucesión de acontecimientos, no obstante, coloca el expediente bajo una atención todavía mayor.
Primero se anunció un aseguramiento de dimensiones extraordinarias. Después aparecieron cuestionamientos sobre la naturaleza del combustible, la identidad de la empresa señalada y el alcance de la orden judicial. Finalmente se produjo el cambio en la representación estatal de la Fiscalía.
Del megadecomiso a las explicaciones pendientes
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que corresponde a la FGR determinar si existió alguna actividad ilegal y explicar las circunstancias que llevaron al aseguramiento.
Y esa explicación resulta ahora indispensable.
La investigación tendrá que establecer de quién eran los 59 millones de litros, cuál era su procedencia, si contaban con documentación fiscal y aduanera suficiente, contra quién fue expedida realmente la orden de cateo y por qué fueron asegurados en una terminal que afirma contar con autorización para almacenar hidrocarburos.
También deberá aclararse si existe alguna relación entre las circunstancias del operativo y la salida del delegado de la FGR, algo que hasta ahora no está acreditado públicamente.
El caso que comenzó como un espectacular golpe contra el huachicol fiscal entra así en una etapa muy distinta: la de explicar qué ocurrió realmente en San José Iturbide y cuál es la situación jurídica de esos 59 millones de litros de combustible.
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