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Denuncia UIF a 99 factureras por presunto lavado de dinero

La agencia de inteligencia de la SHCP detectó que las empresas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina.

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Al detectar operaciones multimillonarias irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra una organización criminal compuesta por al menos 99 empresas “factureras” del Estado de México que hicieron transferencias bancarias ligadas a los Panama Papers.

La agencia además bloqueó las cuentas de la red de empresas, sostuvo la UIF en un comunicado.

“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras.
“La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina”, informó la dependencia.

En el boletín, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que los miembros de la agrupación criminal se “beneficiaban de recursos ilícitos”.

“Se beneficiaban de los recursos ilícitos…mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, sostuvo la dependencia.

La UIF agregó que el dinero con el que operaba la organización provenía de movimientos ligados a los Panama Papers.

“Los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.
“Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal”, sostuvo la agencia.

Añadió que la dependencia actúa conforme a la normatividad vigente para prevenir la comisión de delitos con recursos de “procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”.

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