El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como presunto cabecilla de la red delictiva Los Primos, vinculada al tráfico de combustibles y huachicol fiscal, denunció que el pasado 26 de agosto fue interceptado por agentes locales y federales, quienes supuestamente lo golpearon y le exigieron 50 mil pesos a cambio de su libertad. Asegura que el ataque ocurrió cuando llegaba a su domicilio en la Ciudad de México.
Relato de la supuesta detención
En un amparo promovido por su defensa ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la CDMX, Farías declaró que agentes de la Fiscalía capitalina y de la Policía Federal Ministerial lo amenazaron y lo intimidaron con frases como:
“Eso te pasa por no darnos cincuenta mil pesos” y “¿no que muy valiente, marino?”.
El juez federal le otorgó suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o incomunicación mientras se investiga el caso.
FGR niega citación o comparecencia
La Fiscalía General de la República (FGR) respondió que no existe registro de citatorio ni de comparecencia, y que la carpeta de investigación relacionada con Farías no ha sido controvertida ni se ha documentado negativa de acceso. La institución asegura que no se ha emitido ningún acto de molestia en su contra.
Exigencia de transparencia judicial
El juez federal ordenó a la FGR entregar un informe en 48 horas para esclarecer si la detención que denuncia el marino realmente ocurrió y si hubo irregularidades en la actuación de agentes ministeriales. De no cumplir, la dependencia podría enfrentar sanciones. La audiencia para decidir si la suspensión provisional se convierte en definitiva está programada para el 18 de septiembre.
Antecedentes oscuros
Farías Laguna ha sido mencionado en investigaciones sobre redes de huachicol fiscal y tráfico de combustibles, lo que mantiene a las autoridades federales bajo presión. Este episodio, que mezcla acusaciones de extorsión, presuntos abusos de autoridad y vínculos con el crimen organizado, aviva el debate sobre la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y las fuerzas armadas.
La controversia apenas comienza: el país espera que las autoridades esclarezcan si este contralmirante es víctima de una operación irregular o un operador de alto nivel en el complejo entramado del crimen organizado.
