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Continuará vigilancia en la Frontera de México y Estados Unidos hasta 2015

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La intensificación del despliegue de efectivos en la frontera sur de Texas continuará hasta agosto si los administradores del presupuesto aprueban el mes próximo la solicitud presentada por líderes estatales de mayor nivel.

Ayer el gobernador Rick Perry anunció que él, el vocero del Congreso Joe Straus y el vicegobernador David Dewhurst habían llegado a un acuerdo que costará aproximadamente 86 millones de dólares. De ser aprobado por el Consejo Presupuestal Legislativo, dicho gasto no necesitaría luz verde por parte de los legisladores entrantes, quienes asumirán sus cargos en enero.

El Gobierno estatal inició el despliegue en junio en respuesta a la ola de inmigrantes indocumentados centroamericanos que trataban de internarse ilegalmente a Texas a través del Valle del Río Bravo.

En ese entonces los líderes estatales señalaron que el aumento de vigilancia –el cual incluyó elementos del Departamento de Seguridad Pública y, posteriormente, de la Guardia Nacional de Texas– tenía el propósito de impedir que grupos delictivos trasnacionales y traficantes de personas se aprovecharan del hecho de que los agentes de la Patrulla Fronteriza se veían rebasados ante el arribo de inmigrantes e incapaces de concentrarse en sus labores.

La propuesta más reciente ampliará la iniciativa actual de seguridad más allá del Valle del Río Bravo, hasta otras partes de la frontera. La portavoz de Perry, Lucy Nashed, dijo que la Gubernatura no podía decir dónde se destacamentarían específicamente los recursos adicionales debido a inquietudes operativas y de seguridad. Pero añadió que se desplegarían varias unidades móviles donde fuera necesario.

Los 86 millones se destinarán a ampliar los turnos de los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas hasta equivaler aproximadamente a 650 puestos de tiempo completo. Se utilizarán asimismo en tecnología y lanchas de patrullaje nuevas, más elementos de la Guardia Nacional de Texas y agentes de Parques y Vida Silvestre de Texas.

“Texas ha probado más allá de toda duda que su frontera puede protegerse, aun si el Gobierno federal se niega a tomar las medidas necesarias a fin de hacer lo que estipula la Constitución”, dijo Perry mediante comunicado. “Este convenio garantizará que los trabajadores hombres y mujeres del DPS, de la Guardia Nacional de Texas y de Parques y Vida Silvestre de Texas, quienes han estado trabajando con colaboradores locales y federales, cuenten con los recursos que necesitan a efecto de mantener una sólida presencia policiaca a lo largo de la frontera hasta que pueda tomar medidas la Legislatura”.

Perry señaló en el comunicado que la partida presupuestal incluirá: 13.7 millones de dólares del fondo estatal para desastres; 47.9 millones del fondo de bonos de ingresos generales del Departamento de Transporte de Texas; siete millones del Fondo de Tecnología Emergente del estado; y 17.5 millones de la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas.

Dewhurst dijo en entrevista haber la necesidad de actuar antes de que sesione en enero la Legislatura a fin de asegurar el éxito sostenido de la vigilancia extra.

“La razón para continuar la intensificación en la frontera hasta finales del año fiscal, el cual concluye el 31 de agosto, es por la posibilidad de que algunos de los funcionarios recientemente electos no se concentren en el hecho de que sin duda resulta imposible lograr que las dos terceras partes de ambas Cámaras voten a favor para continuar con ella”, señaló. “Y en cuanto no se consigan las dos terceras partes de los votos para un efecto inmediato, el despliegue extra se suspenderá, tendremos los movimientos regulares de los cárteles y no servirán de nada los entre 850 y 900 millones que acabamos de gastar”.

Si bien el aumento inicial de elementos de DPS se topó con resistencia moderada por parte de algunos líderes fronterizos, el despliegue de la Guardia Nacional fue recibido con fuertes críticas de los líderes empresariales y funcionarios electos de la región. Dijeron tratarse de una “militarización” que constituía una afrenta para las ciudades fronterizas y hacía saber el mensaje equivocado a México.

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