La diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, enfrenta un golpe institucional luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias tras ser señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunta “operadora política” del Cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada.
La medida, ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se fundamenta en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y conlleva la suspensión total de sus servicios bancarios. De acuerdo con información oficial, la decisión deriva de una alerta emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a la legisladora en su lista de personas bloqueadas por presuntos vínculos con actividades del narcotráfico.
En respuesta, Brown interpuso un amparo ante un Juzgado de Distrito en Baja California para impugnar la orden y recuperar el acceso a sus cuentas. En su recurso legal, alega violaciones a sus derechos constitucionales, entre ellos la presunción de inocencia, el debido proceso y la legalidad.
A través de sus redes sociales, la diputada calificó las acusaciones como una infamia y un intento de desprestigiarla políticamente. “Jamás he sido notificada de ninguna investigación. Esto es un acto injustificado y desproporcionado”, declaró. Añadió que está dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad mexicana o extranjera para esclarecer los señalamientos.
El caso ha generado tensión política entre México y Estados Unidos, pues la legisladora mantiene fuero constitucional y forma parte del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Su inclusión en la lista negra de Estados Unidos y el bloqueo financiero por parte del gobierno mexicano han abierto un nuevo frente diplomático y judicial.
Mientras el proceso de amparo avanza, la UIF deberá justificar la procedencia de la medida y acreditar ante el Poder Judicial los fundamentos que sustentan las acusaciones. En tanto, el caso de Araceli Brown se perfila como una prueba de fuego para la relación bilateral en materia de inteligencia financiera y combate al crimen organizado.
Deja tu comentario