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Confirman con auditorias beneficios a empresas del compadre de Peña Nieto

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Las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, de la familia San Román, ganaron licitaciones sin cumplir los requisitos de ley e incurrieron en irregularidades administrativas y económicas, concluyeron auditorías ordenadas por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), al inicio del escándalo por conflicto de interés en que incurrió Enrique Peña Nieto, pero nunca se hicieron públicas.

Luego de la publicación del reportaje la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el diario The Wall Street Journal informó que Enrique Peña Nieto compró una casa de descanso en Ixtapan de la Sal a la familia San Román, al inicio de su administración como gobernador del Estado de México, en 2005.

Durante ese sexenio (2005-2011) “el negocio se disparó” para las empresas de la familia, pues ganaron contratos por más de 107 millones de dólares en licitaciones que se repartieron por todo el estado, informó el diario estadounidense.

Este equipo de trabajo informó que hasta enero de 2015, ya con Enrique Peña Nieto como Presidente, las empresas acumularon 13 contratos con el gobierno federal por alrededor de 596 millones de pesos.

En entrevista para Grupo Imagen, Gerardo Ruiz Esparza informó que solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una auditoría sobre esos contratos, porque “estoy cierto que no hay ninguna irregularidad”.

Nunca se supo el contenido de esas auditorías, hasta ahora.

Esta polémica se sumó a la que ya atravesaba el presidente Enrique Peña Nieto por vivir en una casa propiedad de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, una de las empresas ganadoras del Tren México-Querétaro junto con el consorcio encabezado por firmas paraestatales chinas.

El principal accionista de las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan es Roberto San Román Dunne, hijo de Roberto San Román Widerkehr, quien es a su vez es padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del presidente Peña Nieto.

En octubre de 2016, Aristegui Noticias documentó que una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 millones de dólares y en México se pagaron 485 millones de dólares. Los recursos fueron entregados por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Luego de la entrevista en Grupo Imagen, el 20 de abril de 2015 se notificó a Gerardo Ruiz Esparza el inicio de una auditoría que comprendió dos contratos entregados a empresas de la familia San Román: la primera por trabajos faltantes en el paso a desnivel La Pila, en la carretera México-Toluca, y, la segunda, por trabajos de mejoramiento en la carretera Toluca-Taxco, ambos adjudicados en licitación pública.

En el primer caso, los auditores encontraron que la obra presentaba “Deficiente planeación, programación y presupuesto”, pues originalmente se planteó para finalizar el paso a desnivel de La Pila por un contrato de 78 millones de pesos, pero se encareció en 43 millones de pesos.

Al revisar el concurso, los auditores encontraron que el consorcio de la familia San Román obtuvo el contrato sin cumplir los requisitos de la licitación. Textualmente, el documento dice: “La proposición no fue evaluada conforme a lo establecido en las bases de licitación”.

Los auditores encontraron las siguientes irregularidades:

Juan Manuel Carrillo, subdirector de Contrataciones de SCT encabezó los actos de la licitación, sin estar acreditado.

La empresa debió acreditar la construcción de 50 kilómetros de terracería, pero sólo documentó 43.

La empresa no presentó documentos para comprobar la participación en contratos por más de 60 millones con organismos públicos.

No presentó los estados financieros con contador certificado del año 2012.

El laboratorio que presentó tenía la acreditación vencida.

Los profesionales técnicos no acreditaron el dominio de programas como Excel, Word y Power Point

En el segundo contrato, por el mejoramiento de un tramo de la carretera Toluca-Taxco, los auditores encontraron que la SCT descalificó a la empresa que presentó el precio más bajo, MM Obra Civil Integral, por entregar “programas mensuales”, aunque en la junta de aclaraciones se le autorizó presentarlos de tal forma.

De esta forma, el contrato se entregó a las empresas de la familia San Román.

En la realización de la obra, los auditores encontraron que no se comprobó el gasto de 6 millones 570 mil pesos.

Además, SCT concedió un plazo extra para ejecutar la obra porque la empresa entregó fuera de tiempo la fianza de anticipo. Ante esta irregularidad correspondía imponer una multa, pero los funcionarios la dejaron pasar, según la auditoría.

Los auditores encontraron las siguientes irregularidades:

La bitácora electrónica se abrió 154 días tarde.

La opinión de las obligaciones fiscales debió presentarse antes de la firma del contrato; se entregó 10 días después.

No entregó una acreditación de la SCT sobre control de calidad

No se entregaron documentos para acreditar que cumplieron 17 contratos con organismos públicos.

La auditoría tiene fecha de julio de 2015. Originalmente, SCT debió publicarla como parte de sus obligaciones de transparencia, pero Aristegui Noticias la obtuvo luego de una solicitud de información.

SEXENIO DE IRREGULARIDADES

Las constructoras de la familia San Román también han estado bajo la mirada de auditores federales.

El consorcio de los San Román fue una de las siete empresas contratistas encargadas de materializar el compromiso presidencial número 92, correspondiente a la ampliación del Paseo de la República en Querétaro, que tuvo un costo de mil 350 millones de pesos, según la página de Transparencia Presupuestaria.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones a la obra por 104 millones 177 mil pesos (correspondientes a las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016).

Debido a las irregularidades detectadas y el posible conflicto de interés con Enrique Peña Nieto, en 2016 diputados del PAN promovieron un exhorto al Presidente para que informara los detalles de la obra, pero fueron frenados por la mayoría del PRI.

Sobre esta obra, las empresas de San Román recibieron observaciones por 23 millones 940 mil pesos, por  “obra pagada no ejecutada”, materiales de otra calidad a los solicitados o que no fueron verificados, gastos no comprobados, entre otras irregularidades.

Las empresas del compadre de Peña Nieto no volvieron a recibir más licitaciones desde principios de 2015, pero aún faltaría auditar el resto de contratos por 596 millones.

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