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Cerco contra los alfiles de Peña Nieto

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Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda –y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda–, están imputados desde julio pasado en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por la compra fraudulenta de la planta chatarra Agronitrogenados.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Al igual que Emilio Lozoya Austin y sus excolaboradores en Pemex, integrantes del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto aparecen “imputados” en una denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso en julio último ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los señalados figuran Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad y expresidente nacional del PRI, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller.

Según el Dictamen Técnico en el que se basó la denuncia –cuya copia tiene Proceso–, éstos forman parte de un grupo de 37 personajes que “participaron mediante conductas activas o pasivas” en la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira Elizondo, con un sobreprecio inicial de 93 millones 183 mil dólares, la cual desencadenó pérdidas multimillonarias en Pemex y sigue sin producir fertilizante por falta de gas natural.

La ASF sostiene que Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher, junto con los demás integrantes del Consejo de Administración de Pemex que sesionó el 17 de diciembre de 2013, aprobaron una resolución “planchada” por el equipo de Lozoya, la cual establecía un precio de 275 millones de dólares por la compra de la empresa de fertilizantes –basado en avalúos inflados– y un valor inverosímil de 200 millones de dólares para su rehabilitación.

El delito, según la ASF, residió en las cifras y en que el plan de Lozoya y su equipo encargaba la adquisición y operación de Agronitrogenados a una estructura offshore de Pemex –Grupo PMI–, pese a que ninguna de las empresas “tiene relación con el objeto para el cual se haría la adquisición”, y que por ley le correspondía a Pemex Petroquímica asumir el proyecto.

La ASF sostiene que los consejeros “tenían el deber de informar de la realización de hechos fuera de la norma que lo regula”; es decir, tenían que rechazar la propuesta de Lozoya, pasar el proyecto al Comité de Estrategia e Inversiones para que lo revisara y, en caso de conseguir luz verde, dejarlo a Pemex Petroquímica. Pero no ocurrió así.

La estructura offshore de Pemex opera en completa opacidad, sin rendir cuentas al Consejo de Administración, a los órganos de vigilancia de la petrolera –mucho menos a la sociedad mexicana– y usa a discreción sus recursos multimillonarios, según documentó la misma ASF en un informe publicado el pasado 20 de febrero (Proceso 2260).

En la sesión del consejo de administración participaron, además de los funcionarios citados, los subsecretarios Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez y José Rogelio Garza Garza, cinco consejeros profesionales, cuatro representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –entonces dirigido por Carlos Romero Deschamps– y cinco directivos de Pemex.

Lozoya les explicó que la operación se canalizaría vía PMI porque “había premura del gobierno federal para realizar la producción de fertilizantes lo más pronto posible”. Aprovechó su ponencia para destacar que “se trataba de un proyecto prioritario para el gobierno de la República” y que “sería muy buen negocio para Pemex”. Además, expresó su agradecimiento a la Secretaría de Energía por “todo el apoyo en su conceptualización”.

Ésta es la segunda denuncia que involucra a Coldwell por supuestos fraudes realizados en Pemex y avalados por el Consejo de Administración de la petrolera mientras él presidía ese organismo.

En marzo de 2019 Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex, señaló en una denuncia de hechos ante la FGR que el exsecretario de Energía presidió la sesión en la que se aprobó la adquisición a sobreprecio de Grupo Fertinal –un caso que involucró al empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer y al multimillonario Ricardo Salinas Pliego (Proceso 2229)–.

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