Desde **Puerto Aventuras**, donde la **Novena Sala Especializada en Materia Penal absolvió y dejó libre al presunto feminicida de Ana Gómez**, se envía un mensaje devastador: en Quintana Roo la justicia no solo es ciega, también parece selectiva. Esa polémica resolución, que indignó a familiares y colectivos feministas, fue avalada por el aparato judicial que encabeza el magistrado **Carlos Alejandro Lima Carvajal**, un personaje cuya hoja de vida está marcada por denuncias de corrupción, tráfico de influencias y favoritismo hacia delincuentes de alto perfil.
Un historial de escándalos que sobrevive al cambio de gobiernos
Carlos Lima no es un recién llegado al poder judicial. Su nombre aparece desde hace años en expedientes y columnas políticas, señalado por omitir su declaración patrimonial, participar en presuntos despojos de propiedades y operar a favor de intereses ligados al exgobernador Roberto Borge. En 2017, el Congreso aprobó su remoción, pero un amparo lo devolvió al cargo, blindando su posición y consolidando su influencia.
Favores a criminales y decisiones que indignan
En el pasado reciente, Lima fue duramente cuestionado por favorecer al pederasta Jean Succar Kuri, ordenando su reclusión en un penal estatal pese al riesgo y las protestas de activistas. Y ahora, bajo su estructura, se consuma la absolución del feminicida de Ana Gómez, un caso que para colectivos feministas representa la normalización de la violencia contra las mujeres desde las mismas instituciones que deberían protegerlas.
Vínculos peligrosos en su círculo cercano
El 2024 reveló otro ángulo inquietante: Daniel C.R., asistente personal de Lima, fue ejecutado en un fraccionamiento de Cancún, por no cumplir un acuerdo de liberacion con un integrante del crimen organizado. Tras su muerte, personas cercanas al magistrado habrían tomado posesión del inmueble del difunto, en circunstancias que hasta hoy no han sido esclarecidas y que sugieren un patrón de influencia y control que va más allá de lo judicial.
Conclusión: la justicia bajo sospecha
El caso Ana Gómez, la red de favores a criminales, los vínculos con el borgismo y los episodios oscuros en su entorno personal forman un mosaico de impunidad que exhibe cómo la justicia en Quintana Roo puede ser utilizada como un instrumento de protección para quienes ostentan el poder.
Mientras las víctimas y sus familias exigen verdad y justicia, magistrados como Carlos Lima Carvajal continúan dictando resoluciones que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones. En un estado donde la violencia contra las mujeres y la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno son una realidad, tolerar la permanencia de estos perfiles en el poder judicial no es solo una omisión: es complicidad.
